La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos analiza una ley de Arizona que castiga a las empresas que emplean inmigrantes indocumentados, en un caso que podría conducir a una decisión judicial sobre el derecho de los estados a emitir sus propias leyes de inmigración.
La norma obliga a todos los patrones en Arizona a verificar si sus empleados están autorizados a trabajar legalmente en Estados Unidos a través del programa federal de verificación electrónica, conocido como "E-Verify" para cerciorarse de la legalidad laboral de cada nuevo trabajador.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos impugnó la existencia de la ley en una demanda legal, bajo el argumento de que el estatuto impone sanciones injustas contra los patrones de Arizona.
Organizaciones de derechos civiles sostienen que la ley conduce a la discriminación de los trabajadores que son percibidos como extranjeros.
La Suprema Corte podría determinar si los gobiernos estatales y municipales pueden emitir sus propias leyes y ordenanzas en contra de inmigrantes indocumentados o si sólo el gobierno federal tiene la autoridad para hacerlo.
La Casa Blanca ha argumentado que este tipo de leyes deben ser revocadas, porque el manejo y control de la inmigración es un derecho exclusivo del gobierno federal.