Tras cuatro días de sesión permanente, el pleno de la Corte Suprema de Justicia panameña declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.
En un mensaje a la nación, María Eugenia López Arias, presidenta de la Corte, en compañía de los ocho magistrados que integran el pleno, anunció que por unanimidad fue declarada inconstitucional la Ley 406 del polémico contrato minero.
“Comunico a la faz del país, que los magistrados y magistradas que integramos el pleno, hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406 de 20 de octubre de 2023. Lo anterior, significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”, dijo la funcionaria.
Además informó que instruyó al secretario general, de conformidad al código judicial, para que proceda a hacer las correspondientes notificaciones. Dijo que una vez que la sentencia entre en vigor, se procederá inmediatamente a su publicación en la Gaceta Oficial.
“Aprovechamos la oportunidad para enviarle un mensaje de felicitación a los panameños, con ocasión de conmemorarse hoy 200 años de Independencia. Que Dios bendiga a Panamá”, concluyó la presidenta del máximo órgano de justicia del país.
Nueve magistrados, se encargaron de emitir este fallo que establece la inconstitucionalidad de toda la Ley 406.
También lea Panamá informa que minera canadiense podría presentar demandas de arbitrajeDesde el pasado 13 de noviembre, la Corte recibió 89 argumentos en la primera demanda admitida, que fue interpuesta por el abogado Juan Ramón Sevillano, y 37 argumentos en la segunda demanda presentada por la jurista, Martita Cornejo.
Diez demandas de inconstitucionalidad fueron interpuestas en contra de la Ley 406. Sin embargo, la Corte Suprema sólo debatió las dos primeras que habían sido admitidas por razones de economía procesal y por la regla del artículo 2566 del Código Judicial.
El presidente Laurentino Cortizo aceptó el fallo de los magistrados en un mensaje divulgado en su cuenta en la red social X, antes Twitter.
“Como presidente de la República, siempre respetuoso de la separación de los poderes del Estado y nuestra Constitución, recibo y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia, expresada en su fallo de hoy, sobre la Ley 406 del contrato minero”, dijo.
“Reitero al país mi total convicción sobre el valor de la justicia, como columna vertebral de la democracia.”
El contrato minero fue aprobado por el Consejo de Gabinete el 10 de octubre de 2023, presentado a la Asamblea Nacional el 16 de octubre, y aprobado en tercer debate, sancionado por el presidente Cortizo y promulgado en la Gaceta Oficial el 20 de octubre, todo el mismo día.
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Las reacciones se hicieron sentir de inmediato en todas las provincias del país. Los panameños celebran este 28 de noviembre 200 años de Independencia de España, por lo cual este anuncio llega en un momento muy simbólico para el país.
El primero en reaccionar fue el abogado Sevillano.
“Ahora hay democracia en Panamá, no van a mandar más los corruptos, políticos y empresarios. Se sienta un precedente mundial, el pueblo ha mandado aquí en este país, y es un ejemplo para otros países donde la minería está causando desastres ambientales”, afirmó Sevillano, visiblemente emocionado.
Agregó que este fallo, le permitirá a Panamá ganar un arbitraje internacional, apoyado en el fundamento de la inconstitucionalidad del contrato.
Por su parte, la abogada Martita Cornejo, segunda demandante del contrato, señaló que este fallo obtenido a más de un mes de lucha del pueblo panameño en las calles, es un triunfo para la democracia.
“No tengo la menor duda que el haberse levantado el pueblo panameño con toda la dignidad necesaria para restituir la violación a las garantías constitucionales a nuestro territorio y soberanía, han sido el triunfo verdadero del pueblo sobre los intereses políticos, la corrupción y el triunfo sobre todos los funcionarios que traicionaron nuestra patria”, expresó.
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Panamá ha enfrentado por más de un mes una crisis, considerada la más grave desde la dictadura militar en la década de 1980.
Los panameños exigían al gobierno la derogación del contrato-ley que permitía a Minera Panamá extraer y vender cobre y otros minerales por 20 años, con opción a una prórroga de 20 años más.
Este contrato otorgaba demasiados beneficios y facultades a Minera Panamá, que extrae el cobre en una zona de 12.955 hectáreas ubicadas en el Corredor Biológico Mesoamericano, área que actúa como puente natural entre América del Norte y América del Sur, y que contiene entre el 7 % y el 10 % de las especies conocidas en el mundo, señalan los ambientalistas que se han opuesto a esta concesión.
La crisis ha dejado a Panamá con más de 1.000 personas detenidas, cuatro fallecidos, y más de 1.700 millones de dólares en pérdidas, impactando especialmente al sector agropecuario del país.
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