Costa Rica y Panamá inauguraron el martes nuevas instalaciones para agilizar los servicios de aduanas y migratorios en su punto fronterizo, mientras lidian con una masiva migración irregular sin precedentes.
Se trata de un centro que tiene un costo de 33 millones de dólares, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el sector limítrofe de Paso Canoas.
En esa infraestructura operarán diversas instituciones de ambos países centroamericanos, en un esfuerzo por mejorar el intercambio comercial que se mueve por transporte terrestre y que, según el presidente costarricense Rodrigo Chaves, representa 700 millones de dólares al año.
“Hemos descuidado por décadas nuestros puestos fronterizos”, admitió el mandatario durante el evento, en el que participó su homólogo panameño, Laurentino Cortizo. “Dejamos que se convirtiera en obsoleta, no teníamos control y era un obstáculo para la relación comercial”, sobre las anteriores instalaciones, desactualizadas y sin personal suficiente.
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La inauguración de esa instalación tiene lugar en momentos en que ambas naciones, que carecen de ejércitos y ensalzan sus lazos, enfrentan en los últimos años el creciente tránsito de migrantes que se genera desde Sudamérica y que utiliza la peligrosa jungla del Darién en su trayecto hacia Norteamérica.
Ambos países impulsan lo que llaman un flujo migratorio controlado por las autoridades. En octubre, Chaves viajó hasta el Darién, invitado por Cortizo, para conocer parte del riesgoso cruce que hacen los migrantes y los centros de recepción temporal construidos por Panamá para atender a los extranjeros.
En ese viaje, acordaron que los autobuses que transportan a los migrantes desde el Darién lleguen hasta un punto en el lado costarricense, en un esfuerzo por hacerlo más expedito y contrarrestar a las bandas de tráfico de personas.
Los cruces irregulares por el Darién superaron el medio millón en el 2023, una cifra récord, y las autoridades panameñas anticipan un mayor movimiento este año.
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