Panamá advierte a Nicaragua por reuniones políticas de expresidente Martinelli en su embajada

En conferencia de prensa este jueves, el presidente panameño José Raúl Mulino dijo que esta es la primera advertencia formal a Nicaragua, exigiendo que se respeten los convenios internacionales de asilo.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo estar preocupado por las reuniones políticas que el exmandatario Ricardo Martinelli viene sosteniendo en la embajada de Nicaragua donde se encuentra asilado. Exigió que se respeten los convenios internacionales de asilo.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que las reuniones políticas que viene sosteniendo el exmandatario panameño Ricardo Martinelli en la embajada de Nicaragua, donde se encuentra asilado, son una “molestia y preocupación” para su gobierno.

En una conferencia de prensa este jueves, Mulino resaltó que esta es una primera advertencia formal a Nicaragua y exigió que se respeten los convenios internacionales de asilo.

El mandatario afirmó que instruyó al canciller Javier Martínez-Acha para que se reúna con la embajadora de Nicaragua, Consuelo Sandoval Meza, para reclamarle por las reuniones políticas que efectúa Martinelli, quien se encuentra asilado en esa sede diplomática desde el pasado 7 de febrero.

“Esa no fue una decisión del canciller, la pedí yo para poner un poco de orden y cumplan con los convenios internacionales de asilo. No transformemos ni a esa ni a otra embajada en un centro político y de actividad político partidista”, advirtió Mulino, quien también dejó abierta la posibilidad de tomar medidas más estrictas si la situación persiste.

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El expresidente Martinelli (2009-2014) ha mantenido una activa participación política desde la embajada, lo que Panamá considera una intromisión en sus asuntos internos.

El asilo de Martinelli ha sido calificado como inusual por expertos diplomáticos, quienes critican el manejo de la situación y el retraso en tomar acciones contundentes. Mientras tanto, la relación entre los gobiernos de Panamá y Nicaragua sigue deteriorándose.

Los altercados entre la cancillería panameña y la representación nicaragüense, empezaron con este asilo. El pasado 14 de marzo el gobierno panameño, en aquel momento bajo la presidencia de Laurentino Cortizo (2019-2024), dirigió una carta a la cancillería de Nicaragua alegando que este asilo era una “abierta intromisión en los asuntos internos panameños” y rechazó que Martinelli utilice la sede diplomática nicaragüense en Panamá con fines político-partidistas.

Esto provocó una reacción inmediata de Managua, que alegó que no reconocer el asilo al expresidente Martinelli y negar su salvoconducto “constituye una violación” a las convenciones sobre asilo.

“Martinelli ya no es Mulino”

La presidencia de José Raúl Mulino, se ha vuelto cada vez más crítica al gobierno nicaragüense y al asilo. Esto, pese a que cuando recién ganó las elecciones en mayo pasado, Mulino visitó al expresidente y celebró con él la victoria.

El eslogan de campaña“Martinelli es Mulino” ha quedado atrás, de acuerdo con algunos analistas, después de que el proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social que incluye un aumento a la edad de jubilación de 3 años impulsado por Mulino, fue rechazado por el partido oficialista Realizando Metas que llevó a Mulino a la presidencia cuando Martinelli fue inhabilitado para correr en las elecciones de marzo por una condena de más de 10 años de prisión que pesa sobre él.

Este miércoles, Martinelli negó en su red social X cualquier ruptura con Mulino, pero los analistas políticos apuntan a un evidente distanciamiento.

La condena de Martinelli por “New Business”

Martinelli, quien insiste en que es un perseguido político, fue condenado el 18 de julio de 2023 a más de 10 años de prisión tras ser declarado culpable por blanqueo de capitales en el caso “New Business”.

La investigación reveló que el expresidente utilizó una compleja red de empresas para desviar fondos públicos y privados, que fueron utilizados para la compra de la Editora Panamá América S.A. en 2010, durante su presidencia.

Según el Ministerio Público, la transacción fue financiada mediante el desvío de 43,9 millones de dólares de fondos públicos provenientes de contratos otorgados por el gobierno. Estos fondos se triangularon a través de diversas empresas ficticias que posteriormente participaron en la compra del grupo editorial.

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