La acera palpita calor, pesa en el asfalto todo el sol del día.
La gente se agolpa en la entrada de un supermercado en la avenida Francisco de Miranda, en Caracas, donde ha llegado algún producto, uno de los desaparecidos de los anaqueles desde hace semanas.
Los ánimos de los que esperan resignados, no ayudan a sobrellevar la situación. Esta tarde venden azúcar y compotas.
Algunos comerciantes deben llamar a los agentes de la policía para evitar el caos o, en el peor de los casos, custodiar sus comercios.
Mientras en Estados Unidos, el presidente Barack Obama promulga una ley que sancionará a los funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, acusados de violar los derechos humanos de quienes manifestaron en su contra en Venezuela, entre febrero y mayo pasado.
Mario Bebilacqua, un estudiante de comunicación social de 18 años, trata de alcanzar la calle evadiendo a los que se amontonan ante la puerta del supermercado.
Al ser abordado para pulsar su opinión sobre las sanciones aprobadas por Obama, responde recordando lo que le sucedió cuando fue convocada una movilización en apoyo a la diputada opositora depuesta María Corina Machado.
“Yo fui impactado por una bomba lacrimógena de la Policía Nacional el primero de abril en Caracas", recuerda.
Bebilacqua lleva en su frente una cicatriz de 19 puntos que le recordará, por siempre, la represión de la policía durante las protestas en Venezuela contra el gobierno de Maduro. Su mirada aunque es esquiva, muestra una rabia contenida.
“Estados Unidos tomó la decisión correcta”, remata Bebilacqua.
Por su convicción de un país diferente no se ha convertido en emigrante. Sigue su camino y desaparece entre la multitud que sale de las oficinas en el momento en el que termina una día más de trabajo.
El remolino de personas yendo y viniendo con bolsas, es síntoma de una ciudad que busca refugiarse antes de que caiga la noche, pues ésta la deja aún más expuesta ante la inseguridad.
Hay quienes evaden hablar del tema de las sanciones porque son funcionarios públicos y siguen, apurados, su camino.
Pero las plazas parecen ajenas a esa prisa.
Son, por excelencia, el lugar obligatorio de encuentro de quienes pertenecen a la llamada tercera edad.
Al caraqueño le gusta hablar, expone sus ideas, siente que tiene que decir lo que piensa.
Silfrido Gómez, un músico de 63 años, aplaude la medida que tomó Estados Unidos para sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos.
“Todo el que la hace tiene que pagarla, los ladrones, los que están perjudicando al país...”.
La ley del Talión planteada en el siglo XXI.
Pero no todo el mundo ve las cosas igual. Mabel Marimón, una trabajadora residencial de 57 años, advierte que cada país es libre de ejercer las leyes que quiera, pero dentro de su territorio.
“Que hagan lo que ellos [Estados Unidos] estimen conveniente en su país, donde ellos mandan”, sostiene Marimón.
Estos testimonios dibujan la polarización que se vive en las calles, aunque las más recientes encuestas revelan una caída en la popularidad de Maduro, desde abril de 2013 a noviembre de este año, de casi 25 puntos.
Durante las protestas registradas entre febrero y mayo asesinaron a 43 personas. Al menos 38 casos de tortura fueron denunciados ante la ONU. Ante el silencio de la mayoría de los medios de comunicación social, las redes sociales dieron cuenta, en ese momento, de terribles escenas vistas en videos grabados por aficionados.
La inseguridad, el desabastecimiento, la escasez fueron las razones que movilizaron esas protestas.
La incapacidad del gobierno, de dar solución a esos problemas, encontró una sola salida: la represión.
Desde entonces y hasta ahora viene bajando por una empinada pendiente una avalancha que el gobierno de Maduro, heredero del chavismo, pareciera no tener cómo detener: pagar por las violaciones de derechos humanos.
La Corte Penal Internacional espera con paciencia.