La Iglesia católica cubana anunció la liberación de seis disidentes presos, que aceptaron la condición de viajar a España, y la de otro quien prefirió no salir del país.
Una nota del Arzobispado de La Habana indicó que Roger Cardoso, Yoan José Navalón, Yosnel Batista, Juan Antonio Bermúdez, Marco Antonio Zayas y Reinier Concepción aceptaron "la propuesta de salir de la prisión y trasladarse a España".
En una segunda información el Arzobispado agregó que también "se ha dispuesto la excarcelación" de Iván Hernández, uno de los 75 disidentes que fueron arrestados en 2003, y que decidió quedarse en la isla.
"¡Esto lo estábamos esperando hace tanto tiempo!", exclamó Asunción Carrillo, la madre de Hernández, en declaraciones a Associated Press.
"El cardenal Jaime Ortega me llamó el viernes al final de la tarde para anunciarme que mi hijo sería liberado en las próximas horas, no me dijo cuándo ni cómo, pero estoy muy contenta", recalcó.
Hernández, un periodista independiente de 39 años, cumplía una sentencia de 25 años de prisión acusado de ser un mercenario a sueldo de Estados Unidos. Pertenece al grupo de 52 disidentes por quienes la Iglesia realizó gestiones ante el gobierno para su liberación pues no habían cometido delitos violentos.
Se desconoce por el momento cuándo se hará efectiva la liberación.
Cambios efectivos
La Iglesia de Cuba quiso referirse también a la responsabilidad en "la buena marcha" de las reformas de Raúl Castro, en momentos en que el gobierno busca el consenso popular para su aplicación.
Ortega reafirmó el respaldo a las reformas y añadió que "esto nos implica a todos y la buena marcha de estas transformaciones no depende solamente de las autoridades (...) sino en la compresión adecuada por parte del pueblo de las medidas y de nuestra capacidad crítica para expresar claramente nuestras divergencias o señalar cuanto nos parezca debe ser modificado".
Las medidas, que debe ratificar el VI Congreso del Partido Comunista (PCC, único) en abril, son discutidas por los cubanos en asambleas de centros laborales y en los barrios, en un proceso que inició el 1 diciembre y que concluirá dentro de una semana.
Las reformas, que el Gobierno estima urgentes para hacer eficiente el modelo socialista, incluyen el cierre de 500.000 empleos estatales, una apertura al trabajo privado y a la inversión extranjera, así como el cese del paternalismo estatal y una eliminación de subsidios que genera inquietud en la población.