Después de medio siglo durante el que estuvo prohibido hacerlo, los cubanos han sido autorizados por el gobierno a comprar y vender viviendas, en virtud de una ley que entrará en vigor el 10 de noviembre próximo.
La legislación forma parte de los “reajustes” económicos aprobados en abril pasado por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, que detenta el poder absoluto en el país.
Según el diario oficial cubano Granma, "la nueva legislación ratifica que sólo se podrá ser propietario de una vivienda como residencia permanente y otra en zonas de descanso o veraneo".
El periódico precisó que "las nuevas normas jurídicas reconocen la compraventa, permuta, donación y adjudicación -por divorcio, fallecimiento o salida definitiva del país del propietario- de viviendas entre personas naturales cubanas con domicilio en el país y extranjeros residentes permanentes en la Isla".
Aunque en teoría, la mayor parte de los cubanos son propietarios de sus casas, hasta ahora ninguno la podía vender o regalar, sólo permutarla. De hecho, a lo largo de cinco décadas, el gobierno se apropió de cientos de miles de viviendas que pertenecían a quienes emigraron o huyeron por razones polìticas de la isla.
Con una población de 11,2 millones de habitantes, Cuba padece un agudo déficit habitacional que algunos calculan al menos en 600.000 viviendas y que es uno de los problemas sociales más críticos del país.
A la falta de viviendas se añade el deterioro de las existentes, porque salvo en zonas de interés turístico, el gobierno no se ha ocupado de repararlas ni ha hecho posible que la ciudadanía tenga acceso a los materiales necesarios para mantenerlas en buen estado.
Según informaron hace tres años las propias autoridades, los planes de construcción y reparación de viviendas sólo satisfacían entre el 5 y el 7 por ciento de la demanda nacional.