A pesar de las reformas adoptadas por el gobierno de la isla para permitir el ejercicio de algunas ocupaciones privadas, el periodismo independiente sigue estando en la lista negra.
Casi la mitad de los 75 cubanos presos durante la Primavera Negra de 2003 era periodistas. Todos fueron procesados mediante juicios sumarios acusados de atentar contra la “integridad” y la “independencia” de la isla y sentenciados a penas de hasta más de 20 años de prisión.
Cuando ocho años después, el último de ellos fue excarcelado y muchos terminaron en el destierro, algunos pensaron que tocaba a su fin un negro período de atropellos y violaciones contra la libertad de expresión. Pero no, el gobierno cubano sigue acosando e intimidando a los periodistas independientes con arrestos arbitrarios y golpizas.
En su más reciente denuncia esta semana sobre la situación de la libertad de expresión en la isla, la organización Reporteros sin Fronteras condenó “las represiones que han venido aumentando durante los últimos meses”, y llamó especialmente a los países de América Latina “con quienes Cuba busca la integración” a darle prioridad al tema de la libertad de información en sus relaciones con La Habana.
Pero lamentablemente entre los países de la región a los que va dirigida la solicitud están Venezuela, donde la prensa libre lleva años hostigada y privada de derechos; Ecuador, donde el presidente Rafael Correa le ha declarado la guerra a la libertad de expresión; Bolivia, donde el gobierno encañona a los periodistas como enemigos, y Argentina, donde la presidenta Cristina Fernández se comporta de manera similar frente a los medios de difusión independientes.
Reporteros cita en su informe sobre Cuba el caso de José Antonio Torres, corresponsal del propio diario del gobernante Partido Comunista, Granma, condenado en julio pasado a 14 años de prisión tras ser enjuiciado por “espionaje” al escribir una serie de reportajes críticos contra la gestión del gobierno.
También menciona a Calixto Ramón Martínez Arias, periodista independiente y corresponsal del centro de información Hablemos Press, quien se declaró en huelga de hambre para protestar por sus condiciones carcelarias luego de ser detenido hace dos meses por “desacato”, tras divulgar la existencia de brotes de cólera y de dengue en la isla antes de que el gobierno lo hiciera.
Según la organización, los arrestos de periodistas y la confiscación de sus computadoras y otros medios de trabajo ocurren en medio de una alarmante ola represiva puesta en práctica contra los opositores en la isla, y constata las detenciones este mes de Roberto de Jesús Guerra, Jaime Leygonier y Enyor Díaz Allen –todos de Hablemos Press– interrogados y amenazados por la policía.
La embestida incluye el arresto hace poco más de una semana de un grupo de activistas pacíficos, entre ellos Antonio Rodiles, y de 16 personas que fueron acusadas de “desorden público e indisciplina social”. Reporteros sin Fronteras destaca que entre ellos se hallaba la bloguera Yoani Sánchez, quien estuvo detenida junto a su esposo, el periodista Reynaldo Escobar.
El Comité de Protección a los Periodistas, con sede en Nueva York, ha pedido a las autoridades de la isla poner fin a la utilización de detenciones, violencia física, vigilancia y campañas de desprestigio contra periodistas y blogueros independientes, y derogar la Ley 88 (conocida como Ley Mordaza) empleada para encarcelar arbitrariamente a los críticos del régimen. Pero La Habana, como de costumbre, no ha respondido.
Cuando ocho años después, el último de ellos fue excarcelado y muchos terminaron en el destierro, algunos pensaron que tocaba a su fin un negro período de atropellos y violaciones contra la libertad de expresión. Pero no, el gobierno cubano sigue acosando e intimidando a los periodistas independientes con arrestos arbitrarios y golpizas.
En su más reciente denuncia esta semana sobre la situación de la libertad de expresión en la isla, la organización Reporteros sin Fronteras condenó “las represiones que han venido aumentando durante los últimos meses”, y llamó especialmente a los países de América Latina “con quienes Cuba busca la integración” a darle prioridad al tema de la libertad de información en sus relaciones con La Habana.
Pero lamentablemente entre los países de la región a los que va dirigida la solicitud están Venezuela, donde la prensa libre lleva años hostigada y privada de derechos; Ecuador, donde el presidente Rafael Correa le ha declarado la guerra a la libertad de expresión; Bolivia, donde el gobierno encañona a los periodistas como enemigos, y Argentina, donde la presidenta Cristina Fernández se comporta de manera similar frente a los medios de difusión independientes.
Reporteros cita en su informe sobre Cuba el caso de José Antonio Torres, corresponsal del propio diario del gobernante Partido Comunista, Granma, condenado en julio pasado a 14 años de prisión tras ser enjuiciado por “espionaje” al escribir una serie de reportajes críticos contra la gestión del gobierno.
También menciona a Calixto Ramón Martínez Arias, periodista independiente y corresponsal del centro de información Hablemos Press, quien se declaró en huelga de hambre para protestar por sus condiciones carcelarias luego de ser detenido hace dos meses por “desacato”, tras divulgar la existencia de brotes de cólera y de dengue en la isla antes de que el gobierno lo hiciera.
Según la organización, los arrestos de periodistas y la confiscación de sus computadoras y otros medios de trabajo ocurren en medio de una alarmante ola represiva puesta en práctica contra los opositores en la isla, y constata las detenciones este mes de Roberto de Jesús Guerra, Jaime Leygonier y Enyor Díaz Allen –todos de Hablemos Press– interrogados y amenazados por la policía.
La embestida incluye el arresto hace poco más de una semana de un grupo de activistas pacíficos, entre ellos Antonio Rodiles, y de 16 personas que fueron acusadas de “desorden público e indisciplina social”. Reporteros sin Fronteras destaca que entre ellos se hallaba la bloguera Yoani Sánchez, quien estuvo detenida junto a su esposo, el periodista Reynaldo Escobar.
El Comité de Protección a los Periodistas, con sede en Nueva York, ha pedido a las autoridades de la isla poner fin a la utilización de detenciones, violencia física, vigilancia y campañas de desprestigio contra periodistas y blogueros independientes, y derogar la Ley 88 (conocida como Ley Mordaza) empleada para encarcelar arbitrariamente a los críticos del régimen. Pero La Habana, como de costumbre, no ha respondido.