La corrupción, la inestabilidad política y las documentadas violaciones a los derechos humanos fueron el eje de discusión entre expertos en Washington el miércoles. En medio de exhortaciones a veeduría internacional en las investigaciones por actos de violencia cometidos durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, el representante del gobierno negó la existencia de una crisis política en el país.
Durante el evento convocado por el Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento estadounidense, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch expusieron sus informes sobre lo ocurrido durante el estallido social en Perú tras el intento del entonces presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso. Entre otras cosas, ambas organizaciones documentaron masacres, ejecuciones extrajudiciales y uso desproporcionado y letal de la fuerza.
“Los abusos de las fuerzas de seguridad movilizan a la gente, por eso es fundamental que haya justicia, mientras no sea así, va a haber una herida abierta en Perú que no se va a cerrar y que va a ser una fuente de inestabilidad”, dijo César Muñoz, director asociado de la división de las Américas de Human Rights Watch.
También lea Crisis política en Perú, ¿cómo se ha llegado hasta aquí?Gustavo Adrianzén, representante permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), aseguró que durante los procesos de vacancia y sucesión ocurridos en Perú, el país “no ha salido” del marco constitucional. “En Perú, crisis política me suena a fin del mundo y en realidad no es esta la percepción que yo tengo”, dijo.
El informe de la CIDH documenta 477 protestas ocurridas en Perú y al menos 68 hechos de violencia en los que resultaron heridas 912 personas. En sus registros, la organización expone la muerte de 56 personas y resalta el asesinato de 10 personas en Ayacucho, acto que “dada las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pudieran ser calificadas de masacre”, según Esmeralda Arosemena, vicepresidenta de la Comisión.
En el caso de Human Rights Watch, su informe expone crisis democrática y de abusos contra los derechos humanos en Perú. Además, plantea que “la corrupción es un elemento fundamental de inestabilidad en el Perú”, dijo Muñoz. En su caso, también tildan como “masacre” lo ocurrido en Ayacucho.
También lea Presidente México ve con "orgullo" que congresistas peruanos lo declaren "persona no grata"Human Right Watch documentó en su informe los lugares donde tuvieron lugar las protestas masivas, entre ellas poblaciones como Juliaca, Ilave, Chala, Pichanaqui y Chao. El embajador Adrianzén apuntó que estos lugares son eje de actividades como minería ilegal, trata de personas y narcotráfico.
“Coincidentemente en cada uno de estos lugares donde estallaron los brotes de protesta que ha registrado Human Rights Watch, en donde tenemos la presencia de estos crímenes organizados… no podemos decir que efectivamente ellos han financiado la protesta, pero es una coincidencia extraña”, aseguró Adrianzén.
Muñoz, por su parte, entiende que estas aseveraciones por parte del gobierno peruano son “conclusiones sin base” que intentan “enfatizar” que las personas que salieron a manifestarse “son terroristas o delincuentes”.
“Yo creo que un paso principal es parar de pintar las protestas como un complot de unos intereses oscuros políticos y de criminales. Hay que reconocer que hay una insatisfacción”, apuntó.
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Para Alberto Vergara, profesor asociado de la Universidad del Pacífico en Perú, “el consenso democrático” en el país andino “hace bastante que se rompió”, con la acusación de corrupción a siete presidentes en las últimas tres décadas.
“Boluarte es la continuidad degradada de Castillo… el gobierno de Boluarte es la barbarie porque en alianza con el legislativo y con buena parte de la élite económica y mediática del país, está trabajando para derruir el Estado de derecho, la democracia y una relación con la sociedad fundada en el respeto”, sentenció Vergara.
Vergara aceptó que “las protestas tuvieron una dosis muy grave de violencia”, sin embargo, criticó que la manera en que “se han comportado las fuerzas del orden es absolutamente inaceptable en un país democrático”.
Con esto acordó Muñoz, quien aseguró que pese a los actos de violencia por parte de los manifestantes, “el problema es que la respuesta a esos actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad fue brutal e indiscriminada y desproporcionada”.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanza de Perú, dijo discrepar de la visión de Perú como “un país que parecía que está al borde del precipicio de la guerra civil” y rechazó la visión de que el gobierno de Boluarte sea una “barbarie”.
“Se habla de ejecuciones extrajudiciales, masacres, estos son temas muy sensibles en un país como el Perú… tenemos un Ministerio Público que es sumamente autónomo y que debe respetarse el debido proceso de todo…si no ha concluido una investigación, saltar a conclusiones es un poco avezado”, expuso Castilla.
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El exministro peruano llamó estas visiones unas “apocalípticas”, que “no coinciden con lo que mayoría de los peruanos piensan”.
El representante permanente ante la OEA, además, señaló que lo ocurrido con Castillo no fue un “intento” de golpe de Estado, sino un “golpe de Estado en debida forma”, y en su opinión, quienes “levantaron” ese hecho fueron “las instituciones democráticas en el Perú que se les dice que son débiles”.
Llamado a cooperación internacional
Los representantes del CIDH y Human Rights Watch recomendaron la cooperación con grupos interdisciplinarios independientes en Perú como una manera de “darle a la ciudadanía la confianza que necesita en la institucionalidad”, según Arosemena.
Dicha cooperación, agregó, no sería “para que lideren o sean responsables de la investigación” sino para respaldar investigaciones que “un grupo de la población estima que no es independiente”.
“Para nosotros una recomendación fundamental es que haya investigaciones adecuadas, que haya justicia y creemos que la Fiscalía necesita apoyo externo. Para eso necesita un grupo de expertos independientes”, dijo el representante de Human Rights Watch.
También lea Perú interroga a Fujimori a solicitud de Chile que decidirá si autoriza juicio por esterilizacionesAdrianzén criticó que se le pida al gobierno peruano resultado de investigaciones en los cinco meses que lleva Boluarte en el poder. “¿Acaso en cinco meses de gobierno podemos solucionar problemas estructurales? Necesitamos ayuda, necesitamos comprensión, necesitamos tolerancia, necesitamos empatía”.
Pese a su reclamo de ayuda, el embajador apuntó que Perú “no necesita la tutoría de ningún organismo internacional para que nuestras instituciones hagan su tarea”, resaltando la independencia de la fiscalía.
Al cuestionarle si abriría la puerta a una veeduría internacional, este aseguró que “en mi opinión, no… ¿acaso no somos un país que podamos también nosotros por sí mismos llevar estas investigaciones a cabo?”.
“El embajador dice que necesitan ayuda, pues por favor, pidan la ayuda en las investigaciones, es muy importante”, concluyó Muñoz.
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