El Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, derogó el martes un decreto legislativo de 1993 que designa el 16 de enero como el “Día de la Conmemoración de los Acuerdos de Paz”.
Con 61 votos a favor, los congresistas del partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, aprobaron sin dispensa de trámite una pieza de correspondencia para renombrar la fecha como “Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado”.
La fecha en la que se rememora el fin de cerca de 12 años de guerra civil en El Salvador ha sido causa de polémica entre grupos de la sociedad civil y el mandatario, quien se niega a conmemorar la fecha y la ha calificado de “negocio” y al conflicto armado como “una farsa”.
También lea CIDH: El Salvador continúa sin resolver problemas “estructurales” de derechos humanosErnesto Castro, exsecretario privado del presidente Bukele y actual presidente del Congreso, dio a conocer en su cuenta de Twitter sobre la iniciativa, afirmando que la iniciativa busca poner “en el centro a los salvadoreños que sufrieron durante la Guerra Civil.
De acuerdo con la carta publicada por Castro, y que fue presentada a la Asamblea Legislativa para abolir el decreto, el cambio de nombre obedece a que “los Acuerdos de Paz, lejos de presentar un beneficio para la población salvadoreña, se constituyen como el inicio de una era de corrupción”.
Sin embargo, para grupos de la sociedad civil, derechos humanos e investigadores salvadoreños, la firma de los acuerdos de paz cobra especial relevancia no solo porque puso fin a la guerra interna del país, sino también porque hizo posible la desmilitarización de la Seguridad Pública y permitió la creación de instituciones que buscan fortalecer la democracia en el país.
Carlos Cañas Dinarte, investigador cultural salvadoreño, explicó este martes a la Voz de América que, gracias a los acuerdos, “se posibilitó el surgimiento de instituciones claves”, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura y otras “destinadas a cimentar y fortalecer el ejercicio democrático garantizado por la Constitución”.
Algo con lo que también coincide el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, José Apolonio Tobar, quien afirmó en la cuenta oficial de Twitter de la institución que los acuerdos “generaron las condiciones para una nueva sociedad” en el país centroamericano.
“La Firma de los Acuerdos de Paz posibilitó que las armas callaran y que los derechos humanos de los salvadoreños se respetaran”, fueron las palabras de Tobar, citadas por el organismo.
La derogación se da a conocer cuando grupos civiles y de derechos humanos salvadoreños han realizado una convocatoria ciudadana masiva en redes sociales para marchar el 16 de enero en conmemoración de la fecha y en rechazo a muchas políticas impulsadas desde el Ejecutivo, que, según ellos, han ocasionado un retroceso en la democracia del país.
El 16 de enero de 2022 se cumplen 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil en El Salvador, la cual dejó más de 75.000 muertos, unos 9.000 desaparecidos y pérdidas millonarias a la economía.
Con los acuerdos de paz se readecuó el sistema judicial, se crearon nuevas instituciones de derechos humanos y tres cuerpos de seguridad fueron declarados proscritos y reemplazados por una nueva policía civil.
El ejército se sometió al poder político, 7.900 combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se desarmaron y la organización conformó un partido político que gobernó el país entre 2009 y 2019.
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