Dos funcionarios interinos —la fiscal general de Estados Unidos en funciones y el director de la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE)— fueron despedidos el lunes y sustituidos inmediatamente por la administración del presidente Donald Trump.
El presidente ordenó primero la destitución de la secretaria interina de Justicia, Sally Yates, luego que ella anunció que no defendería en los tribunales el controversial decreto sobre refugiados e inmigración procedentes de países mayoritariamente musulmanes.
El director en funciones de la agencia estadounidense de Inmigración y Aduanas, Daniel Ragsdale, fue sustituido el lunes por la noche, sin que el gobierno diera explicaciones por la decisión.
Horas después de la destitución de Yates, su nuevo sustituto ordenó al personal del Departamento de Justicia "defender las órdenes legales de nuestro presidente”.
Trump designó a Dana Boente como fiscal general en funciones hasta que el Senado confirme a su designado, Jeff Sessions, votación que se espera se realice este mismo martes en la Comisión Judicial y luego en el pleno del Senado más tarde en la semana.
Dana Boente, fiscal general en funciones.
Boente, quien ha sido fiscal durante largo tiempo, juramentó en una ceremonia improvisada la noche del lunes a la que no fueron invitados reporteros.
En un comunicado emitido por el Departamento de Justicia, Boente señaló que la orden de Trump sobre los refugiados es "tanto legal en su forma como correcta en su redacción".
El insólito enfrentamiento público sobre la decisión de política más crítica de Trump hasta la fecha puso al descubierto el disentimiento que rodea la orden ejecutiva, la cual suspende temporalmente todo el programa de refugiados de Estados Unidos e impide durante 90 días la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
“Mi responsabilidad es la de asegurarme que la posición del Departamento de Justicia sea no solo legalmente defendible, sino que esté basada en nuestra mejor opinión de lo que es la ley luego de considerar todos los hechos”, dijo Yates. “Adicionalmente, soy responsable de asegurar que las posiciones que tomemos ante los tribunales sigan siendo consistentes con la solemne obligación de esta institución de siempre buscar justicia y defender lo que es correcto”.
En un comunicado, la Casa Blanca dijo que Yates "ha traicionado al Departamento de Justicia al negarse a la aplicación de un decreto jurídico diseñado para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”.
Mientras estallaban manifestaciones en varios aeropuertos durante el fin de semana y la confusión ocasionaba trastornos en muchas partes del mundo, algunos asesores de alto nivel de Trump y colegas republicanos señalaban en privado que no fueron consultados sobre la orden ejecutiva.
Al menos tres funcionarios de seguridad nacional de primer nivel —el secretario de Defensa Jim Mattis, el de Seguridad Nacional John Kelly y Rex Tillerson, quien está esperando la confirmación al cargo de secretario de Estado— han dicho a asociados que se enteraron de detalles de la directriz hasta cerca del momento en que fue firmada por Trump. Altos funcionarios de Inteligencia tampoco estaban enterados con anterioridad, según funcionarios federales.
El senador Bob Corker, el republicano de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta, dijo que a pesar de la promesa de la Casa Blanca de que los líderes del Congreso serían consultados, él se enteró del decreto a través de la prensa.
En cuanto a ICE, el director ejecutivo asociado de esa agencia, Thomas Homan, fue ascendido a responsable en funciones. La cuenta de Twitter de la agencia indicó que Ragsdale regresaría a su cargo anterior de subdirector.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo al anunciar el cambio que Homan ha liderado esfuerzos "para identificar, arrestar, detener y expulsar a extranjeros ilegales". El comunicado no mencionaba a Ragsdale.