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El estado de la libertad de expresión se deterioró considerablemente en casi todo el continente concluyó el congreso de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que tuvo lugar en San Diego, California.
Entre el 6 y el 9 de abril los delegados llegaron a la conclusión de que “el lúgubre récord de periodistas asesinados continuó expandiéndose durante el último semestre en América Latina, donde el estado de la libertad de expresión se deterioró gravemente en casi todo el continente, particularmente en Argentina y Ecuador”.
Cinco periodistas perdieron la vida en el último semestre en Paraguay, Honduras y México, país considerado como el más peligroso para ejercer la profesión, ya que “las reiteradas promesas de distintos presidentes para federalizar estos crímenes no se han cumplido”, declara la SIP.
“La mancha del crimen organizado se está expandiendo a otros países como Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y los de Centroamérica, donde las continuas amenazas proferidas contra periodistas levantan el riesgo de que la autocensura se imponga”, añade el informe de las conclusiones.
En Argentina, Venezuela o Bolivia, se han impulsado numerosas campañas de desprestigio contra medios y periodistas, mientras persisten otro tipo de agresiones contra periodistas, también frecuentes en el resto del continente.
“La distribución arbitraria de la publicidad oficial y el empleo de los organismos de control fiscal para frenar las críticas son moneda corriente”, incluye el informe.
Mientras tanto, el acceso a la información pública continúa siendo insuficiente, algo que la SIP achaca a que las “redes de medios de comunicación estatales y privados, afines al poder y sostenidos únicamente por recursos públicos, es ya una extendida práctica corrupta” en países como Venezuela o Argentina, entre otros.
“En Venezuela, al clima de hostilidad contra la prensa que ha caracterizado al gobierno del presidente Hugo Chávez (con medios clausurados, periodistas exiliados, censura judicial y disidentes encarcelados), se sumaron leyes que extienden a Internet las restricciones informativas que ya existían sobre la radio y la televisión abierta”.
La SIP también se refirió al caso cubano advirtiendo que la excarcelación de periodistas no ha contribuido a la mejora de la libertad de expresión puesto que “todos fueron desterrados y, dentro de la isla, se mantiene incambiada la utilización de los medios estatales”.
Por su parte, Argentina destaca como uno de los países en los que se ha sufrido un mayor deterioro con “un conjunto de violaciones a la libertad de expresión”. “Se abatió contra medios y periodistas, además de campañas de desprestigio, bloqueos a la libre distribución de periódicos, incumpliendo órdenes judiciales, seguimientos callejeros a periodistas, interceptaciones ilegales de conversaciones telefónicas por parte de servicios estatales de inteligencia y convocatorias del liderazgo sindical oficialista a boicotear a la prensa”.
El presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, concluyó que “las leyes restrictivas en materia de libertad de prensa y los ataques verbales son una práctica que se repite de un país a otro y parecen ser parte de un plan estratégico para ir terminando con la prensa independiente, para acabar con su credibilidad, para avanzar en sus esfuerzos por tener únicamente medios con voces afines y disponer, entonces, del monopolio de la información”.