En la madrugada del miércoles fue liberado el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, quien había sido capturado la madrugada del martes en la provincia de Cotopaxi, a unos 100 kilómetros al sur de Quito, en el inicio del segundo día de paralización nacional.
La detención
La detención en la madrugada del martes había sido confirmada luego de la 1 a.m. por la propia CONAIE a través de su cuenta en la red social Twitter. En la publicación se advierte un video en el que se aprecia al presidente de la organización indígena, Leonidas Iza, en el momento en el que fue detenido por miembros de grupos élite de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Según la grabación, que fue captada por miembros del movimiento indígena, Iza fue bajado de un vehículo -en medio de forcejeos- e ingresado en una patrulla de la Policía Nacional.
Luego del incidente, el líder del paro nacional fue trasladado a una dirección desconocida. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana el dirigente Apawki Castro, en declaraciones a Radio Majestad, aseveró que se trató de “una emboscada”, luego de que uniformados realizaron un seguimiento, y denunció una detención arbitraria de Iza.
La subcoordinadora nacional del movimiento político Pachakutik, Cecilia Velasque, cuestionó en la misma estación la detención de Iza y calificó como errada la estrategia del gobierno frente al paro.
“No quiere dialogar, realmente, y no hay respuestas concretas frente a los planteamientos que hemos hecho desde hace varios meses atrás”, expresó la dirigente.
En las primeras horas de la mañana, la misma CONAIE reiteró que las inmediaciones de la Unidad de Flagrancias de la Fiscalía, localizada en el centro de la ciudad de Quito, se encontraban militarizadas. En un video presentado por la organización se advirtió la presencia de decenas de militares y policías resguardando el lugar, que estuvo cerrado parcialmente a la circulación de vehículos.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, también utilizó las redes sociales para pronunciarse sobre la situación del país en las últimas horas. En un inusual mensaje, publicado también en la madrugada, desde el Palacio de Gobierno dio a conocer que en las últimas horas se produjeron actos vandálicos.
“Detrás de estos delitos, hay autores intelectuales y materiales, que deben responder al pueblo ecuatoriano”, dijo Lasso.
Puntualizó que incendiaron patrullas de policía, invadieron a productores agrícolas, rompieron parabrisas de vehículos, atacaron instalaciones de bombeo de petróleo y cortaron el agua en comunidades campesinas.
“Los ecuatorianos no podemos ser víctimas de vándalos, que solo quieren provocar el caos”, sentenció Lasso, quien manifestó que ahora le corresponde actuar a la Fiscalía y a la Función Judicial.
A ese pronunciamiento se sumó el del ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien señaló que la protesta es un derecho que se defiende desde el gobierno nacional y manifestó que “los violentos no pueden poner en riesgo la democracia”.
El abogado constitucionalista Salim Zaidan explicó a la Voz de América que la captura de Iza se debió sustentar, se le debieron informar las razones de la detención y se debió informar oportunamente si la Policía lo puso de inmediato a órdenes de la autoridad competente.
Añadió que en delitos calificados como “flagrantes” y con una pena máxima de cinco años, se aplica un procedimiento directo que puede durar 10 días, hasta llegar a una sentencia.
Zaidan dijo que “políticamente puede significar una mala estrategia" la detención de Iza, que puede encender más los ánimos de los manifestantes y radicalizar la protesta.
A media mañana del martes, la Fiscalía explicó que hasta ese momento Iza no había sido puesto a disposición de esa institución ni tampoco recibió el parte policial sobre las razones de la detención.
El artículo 326 de la Constitución vigente en el país andino establece en su numeral 15 que “se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios”.
Las autoridades informaron desde el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 que se registraban cierres de vías, principalmente en la Región Interandina y, en menor escala, en las regiones Litoral y Amazónica.
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