En la diligencia judicial, que se reanudará el próximo martes, demandantes y testigos afirman que el alguacil realizaba prácticas discriminatorias.
Este jueves comenzó en la Corte Federal en Phoenix el juicio en contra de la oficina del alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, por sus presuntas prácticas raciales en contra de conductores hispanos.
Durante la audiencia, Ralph Taylor, profesor en criminología de la Universidad de Tempe, concluyó luego de revisar cerca de 10.000 reportes por detenciones de tráfico hechas por Arpaio, que las detenciones de los conductores hispanos duraban más tiempo que las de cualquier otro grupo racial.
Según el analista, las probabilidades de que los nombres de conductores hispanos fueran verificados estaban entre un 30% y un 40% por encima de las de otros grupos, y en operaciones contra el crimen o inmigración, el porcentaje superaba el 50%.
En su defensa, Tom Liddy, uno de los abogados de Arpaio, aseguró que el profesor excluyó en su análisis las detenciones donde se encontraron drogas a los conductores hispanos o cometieron una infracción mientras conducían.
A su vez, Tim Casey, otro de los abogados del alguacil, dijo que los demandantes no fueron detenidos durante operativos en contra del crimen organizado o de la inmigración ilegal.
"Los operativos de la oficina del alguacil del condado Maricopa se enfocan solamente en el crimen, se aplican todas las leyes sean populares o no", dijo Casey..
Por su parte, el representante de los demandantes, Stanley Young, afirmó que el objetivo principal de la demanda es lograr que la oficina del alguacil Arpaio actúe conforme a la Constitución de EE.UU.
La demanda fue interpuesta en el año 2007 por cinco ciudadanos de origen hispano, tras considerar que los oficiales de Arpaio trasgredieron sus derechos civiles cuando los detuvieron guiados solamente por su apariencia física.
Las víctimas no solicitan ninguna remuneración, solamente piden que se detengan estas acciones que para ellos son discriminatorias y se vigile al aguacil Arpaio.
Esta es la segunda demanda en contra de Arpaio por prácticas de discriminación racial, pues el pasado mes de mayo el departamento de Justicia federal inició la causa judicial por sus presuntas prácticas discriminatorias.
Durante la audiencia, Ralph Taylor, profesor en criminología de la Universidad de Tempe, concluyó luego de revisar cerca de 10.000 reportes por detenciones de tráfico hechas por Arpaio, que las detenciones de los conductores hispanos duraban más tiempo que las de cualquier otro grupo racial.
Según el analista, las probabilidades de que los nombres de conductores hispanos fueran verificados estaban entre un 30% y un 40% por encima de las de otros grupos, y en operaciones contra el crimen o inmigración, el porcentaje superaba el 50%.
En su defensa, Tom Liddy, uno de los abogados de Arpaio, aseguró que el profesor excluyó en su análisis las detenciones donde se encontraron drogas a los conductores hispanos o cometieron una infracción mientras conducían.
A su vez, Tim Casey, otro de los abogados del alguacil, dijo que los demandantes no fueron detenidos durante operativos en contra del crimen organizado o de la inmigración ilegal.
"Los operativos de la oficina del alguacil del condado Maricopa se enfocan solamente en el crimen, se aplican todas las leyes sean populares o no", dijo Casey..
Por su parte, el representante de los demandantes, Stanley Young, afirmó que el objetivo principal de la demanda es lograr que la oficina del alguacil Arpaio actúe conforme a la Constitución de EE.UU.
La demanda fue interpuesta en el año 2007 por cinco ciudadanos de origen hispano, tras considerar que los oficiales de Arpaio trasgredieron sus derechos civiles cuando los detuvieron guiados solamente por su apariencia física.
Las víctimas no solicitan ninguna remuneración, solamente piden que se detengan estas acciones que para ellos son discriminatorias y se vigile al aguacil Arpaio.
Esta es la segunda demanda en contra de Arpaio por prácticas de discriminación racial, pues el pasado mes de mayo el departamento de Justicia federal inició la causa judicial por sus presuntas prácticas discriminatorias.