La izquierda gobernante en Uruguay vive una crisis interna debido a las diferentes posturas en torno a la anulación de la ley de caducidad, que impide juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1985), y que se agravó semanas antes de su aprobación prevista para el 19 de mayo en la Cámara de Diputados.
Tras una polémica aprobación en la Cámara de Senadores, que suscitó la renuncia de una histórica figura del partido de gobierno Frente Amplio (FA), el presidente José Mujica pasó de no intervenir en la decisión parlamentaria a entrar en acción tardíamente, transmitiéndole a los diputados que ese era el “camino equivocado a tomar”.
“Si bien Mujica nunca estuvo de acuerdo con anular la ley de caducidad, no fue coherente porque antes dijo que no se metería en una cuestión del Frente Amplio y del Parlamento y que no vetaría la ley (que anularía la de caducidad)”, dijo a la Voz de América el analista político Juan Carlos Doyenart, director de Interconsult.
“Así como antes dijo que no se iba a meter, ¿es creíble que diga que no la va a vetar?”, consideró Doyenart, quien agregó que los bruscos cambios de postura de Mujica transmiten la sensación de que “no tiene poder de mando” sobre su fuerza política.
La interna del Frente Amplio también se muestra dividida respecto al tema. Aunque todos los senadores frenteamplistas menos uno votaron la anulación bajo disciplina partidaria, dictada por unanimidad por el partido, algunos sectores manifestaron su preocupación ante las encuestas que muestran que los uruguayos no están de acuerdo con el camino emprendido.
La opinión de los uruguayos
La mayoría de los uruguayos ya se manifestaban contrarios a eliminar los efectos de la ley de caducidad cuando la Cámara de Senadores votó a favor de su anulación a principios de abril, básicamente porque creían –y creen- que el tema fue laudado en dos plebiscitos realizados en 1989 y 2009, el segundo con un fuerte respaldo del gobernante Frente Amplio.
Juristas consultados por los medios también plantearon una preocupación que no es menor: la anulación de la ley podría traer consecuencias jurídicas sobre los procesamientos de varios militares y altos mandos de la dictaduras que se lograron al declarar la inconstitucionalidad de la ley caso a caso, un mecanismo que comenzó a ser implementado durante el primer gobierno de izquierda en Uruguay (2005-2010).
No obstante, hay sectores dentro del Frente Amplio que no están de acuerdo con dar marcha atrás pese los costos políticos y jurídicos, en parte debido a un compromiso asumido con organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura de anular la ley de caducidad, dijo Doyenart.
Los uruguayos han quedado “rehenes de las contradicciones internas del partido de gobierno”, dijo Doyenart, y se sienten “un poco estafados” porque consideran que el “Parlamento no tiene derecho a votar algo distinto de lo que se resolvió en los plebiscitos”.
Mujica esgrimió ese argumento a los diputados, y resaltó que proseguir con la anulación tendría consecuencias electorales negativas.
Ahora la interna del Frente Amplio debe debatir si seguir adelante con la votación prevista para el jueves 19 de mayo, postergarla tal como pide el presidente o revocar el mandato del plenario anterior, donde se resolvió votar la anulación en bloque. Pero cualquiera de las alternativas tendrán “costos altos” para el partido de gobierno, advirtió Doyenart.
“Si el Parlamento termina votando para anular la ley, tomando en cuenta lo que decidió la mesa política, desacatan el pedido del presidente y lo dejan muy mal parado. También desoyen las encuestas que dicen que la mayoría de la población no quiere la anulación, y las opiniones están divididas incluso entre los votantes frenteamplistas en partes casi iguales”, resaltó el analista político.
“Por otro lado, si no se votara la anulación de la ley sería una desprolijidad muy grande (…) y genera la idea de falta de gobernabilidad en el país”, concluyó.