El gobierno de Ecuador mostró inconformidad respecto a la evaluación de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgado el martes que catalogó de “subjetiva”.
El texto de CIDH critica la respuesta de las fuerzas de seguridad ecuatorianas durante las protestas sociales registradas entre el 3 y el 13 de octubre del año pasado.
La CIDH estableció que aunque en determinadas circunstancias los manifestantes provocaron graves desmanes, las fuerzas de seguridad no tomaron en cuenta los protocolos interamericanos e internacionales establecidos para su actuación.
El reporte analiza los hechos y hace 11 recomendaciones a tomar en cuenta por el estado ecuatoriano, entre ellas respetar y garantizar el derecho de protesta, mantener un proceso nacional de diálogo y la atención inmediata y reparación integral a las víctimas.
El canciller del gobierno del presidente Lenín Moreno, José Valencia, señaló que la evaluación del organismo adscrito a la OEA fue “subjetiva”.
“La apreciación de la Comisión de Derechos Humanos la encontramos subjetiva porque no examina el contexto de las manifestaciones”, dijo Valencia.
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La CIDH visitó el Ecuador entre los días 28 y 30 de octubre de 2019 por invitación del gobierno ecuatoriano. Los delegados entrevistaron a un total de 439 personas y registraron 380 testimonios que reclaman ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas.
Las manifestaciones tuvieron lugar entre el 3 de octubre y el 13 de octubre, a raíz de que el gobierno ordenó eliminar el subsidio a los combustibles. Tras 11 días de protestas, el gobierno y el movimiento indígena acordaron derogar ese decreto y elaborar otro en conjunto, el cual, hasta el momento, no se ha concretado.
Al menos 10 personas murieron en las protestas.
También lea Presidente ecuatoriano se reúne con afectados por protestasEl informe también pide que se investigue el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de policía y fuerzas de seguridad, así como su actuación en el uso indiscriminado de gases lacrimógenos para controlar las protestas.
Según Valencia, la fuerza pública actuó solo para dar seguridad a la ciudadanía.
“No examina el hecho de que no haya un solo herido de bala, (que) el uso de la fuerza sea específicamente para mantener el orden, para cuidar que no se produzcan excesos”, explicó el canciller.
Por otra parte el asambleísta Fernando Burbano, presidente de la Comisión ocasional que investigó los hechos de octubre, mencionó a la Voz de América que el estado debe aceptar las sugerencias de la CIDH.
“Deberíamos acatarlos como estado ecuatoriano. Yo diría (que) es una obligación democrática de todos los estados de aceptar y acatar las observaciones”, apuntó el diputado.
“Ya la Asamblea Nacional en su informe coincide en muchas de las apreciaciones, si no en su totalidad, en materia de derechos humanos que ha hecho la CIDH”, agregó.
Valencia dijo además que el gobierno va a continuar enviando planteamientos a la CIDH relacionados con el informe.
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