El movimiento indígena de Ecuador rompió las mesas de diálogo que instaló en 2022 con el gobierno del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, tras casi un mes de protestas y paralización del país, y convocó a una nueva gran movilización para finales de marzo, anunció el viernes el máximo dirigente del colectivo, Leónidas Iza.
La decisión, que también busca el enjuicimiamiento político del mandatario en la Asamblea, se adoptó luego de 12 horas de un consejo ampliado, integrado por cientos de líderes y miembros de organizaciones locales, provinciales y regionales, reunidos en Quito.
Iza hizo un llamado a las guardias comunitarias a estar en “alerta máxima” en defensa de los territorios ante el avance de la minería, al tiempo que convocó a una gran movilización para finales de marzo en la cual se entregará un proyecto de agua y recursos hídricos.
“Es evidente que no ha existido voluntad política del gobierno nacional” para cumplir, aseguró el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), en alusión a los 10 puntos que se exigieron para suspender el paro de junio de 2022.
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Se recondujo entonces la negociación a una serie de conversaciones con funcionarios del gobierno para tratar la focalización del precio de los combustibles, la suspensión en la entrega de concesiones mineras, moratorias y condonaciones de deudas, entre otras peticiones del movimiento indígena.
“Nos declaramos en movilización y asamblea permanente y nos radicalizamos en la lucha en nuestros territorios”, afirmó el viernes Iza, quien dio lectura a las resoluciones adoptadas.
El colectivo también pidió al Legislativo aplicar los mecanismos jurídicos y constitucionales que den paso a un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso “por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos”.
En junio de 2022, una protesta indígena paralizó carreteras, provocó desabastecimiento de alimentos y generó una crisis en el gobierno de Guillermo Lasso, quien sorteó un pedido de destitución en la Asamblea Nacional por parte de movimientos y partidos opositores. Las pérdidas por el paro se calcularon en más de 1.000 millones de dólares. Las protestas concluyeron con la firma de un acuerdo y la instalación de las mesas de diálogo.
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