El Comité Coordinador de Organizaciones de Libertad de Prensa (CCOLP) aprobó una resolución en la que alerta sobre la progresiva pérdida de los derechos fundamentales en Ecuador, especialmente la libertad de expresión y de prensa.
Luego de una reunión en la sede de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Miami, el comité instó al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, a que deje sin efecto numerosas demandas judiciales interpuestas contra periodistas y medios de comunicación en ese país.
Las organizaciones firmantes de la resolución coincidieron en señalar que en Ecuador “existe un sistemático acoso en contra de los medios independientes, de los periodistas y de quienes difieren de la posición oficial”.
También exhortaron a Correa y a los funcionarios de su gobierno a “aceptar la crítica y el debate democrático y contribuir a generar un debate serio y constructivo con pleno respeto y tolerancia a la diversidad de ideas y opiniones” en Ecuador.
El CCOLP dijo que el gobierno ecuatoriano debe respetar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acoger sus recomendaciones y cumplir los acuerdos internacionales suscritos en materia de derechos humanos.
Según el CCOLP, existe una campaña de desinformación del gobierno ecuatoriano “para dañar la reputación y desacreditar a personas y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos y la libertad de expresión en dicho país”.
El organismo declaró en un comunicado que se han denunciado agresiones en Ecuador contra 428 periodistas, una situación que ha sido propiciada por el discurso que articula el gobierno contra los trabajadores de la prensa y los medios de comunicación independientes.
También señaló que existe una concentración de medios estatales, adquiridos a través de la incautación y otros a los que el gobierno ecuatoriano considera públicos y que son utilizados para difundir la propaganda gubernamental
En materia de seguridad y protección para los periodistas en el continente, el CCOLP acordó exigir a los gobiernos de la región que impulsen reformas de políticas públicas para combatir con mayor eficiencia la impunidad y crear programas que protejan a los trabajadores de la prensa durante el ejercicio de su profesión.
Además exhortó a los gobiernos de Colombia y México a que revisen elementos que pudieran servir para reabrir algunos procesos judiciales, y a tomar las medidas necesarias para evitar que prescriban otros crímenes contra periodistas.
Concretamente, entre otras cosas, el CCOLP pidió al presidente de México, Felipe Calderón, que cumpla con los compromisos asumidos e impulse un mecanismo de protección a los periodistas y los defensores de los derechos humanos, y que apruebe una reforma constitucional, en actual discusión, para que los delitos cometidos contra la libertad de expresión sean de la jurisdicción de las autoridades federales.