El gobierno ecuatoriano rechazó el informe sobre Ecuador presentado durante la 66 asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Durante la reunión, celebrada en México, se acusó al gobierno de haber incrementado la presión a los medios de comunicación tras la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.
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El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño asegura que el gobierno recibe también presiones por parte de la prensa, y les acusó de emplear mentiras para ello.
"Así como los medios de comunicación tienen derecho a decir lo que piensan, a crear la opinión pública que ellos quieren crear, a distorsionar la información, nosotros tenemos derecho a decir la verdad permanentemente", añadió.
Si bien, Patiño desmintió que exista algún tipo de presión del gobierno a la libertad de expresión.
También el vicencanciller de Ecuador Kintto Lucas, aseguró que la SIP no tiene la calidad moral para juzgar al gobierno, pues representa y defiende los intereses de los empresarios de las medios y no la libertad de expresión y mucho menos a los periodístas.
“Se denunció el hecho de que el régimen ordenara ese día a los medios enlazarse en una única cadena oficial, haciendo que los ciudadanos solo conocieran la versión del Gobierno durante la sublevación policial”, dijo Jaime Mantilla, presidente de la Asociación ecuatoriana de Editores de Periodicos.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, no teme que comisiones internacionales investiguen lo que para el gobierno fue un claro intento de golpe de Estado, de ahí que afirmó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) será "bienvenida" en Ecuador si desea constatar los "supuestos" abusos a los derechos humanos en la sublevación del 30 de septiembre.