El enorme paquete de rescate económico aprobado en Estados Unidos para ayudar a las empresas y gobiernos estatales afectados por la crisis del coronavirus conlleva reglas que buscan garantizar que el dinero sea empleado juiciosamente para estimular la economía.
Sin embargo, abundan las sospechas de que tales normas logren realmente evitar los abusos que caracterizaron los rescates financieros del pasado.
A cambio de recibir los fondos, que podrían ser convertidos en 4 mil 500 millones de dólares por la Reserva Federal, las compañías tendrían que acatar un tope a la compensación que otorgan a sus altos ejecutivos. Además, estarían obligadas a mantener su nómina intacta o por lo menos a no despedir más del 10% de su personal por varios meses. Y tendrán que atenerse a restricciones sobre recompras de acciones y distribución de dividendos.
La legislación establece un sistema de supervisión sobre cómo el dinero puede ser usado por las empresas. El nivel de supervisión es considerado superior al creado para el paquete de rescate aprobado tras la crisis financiera del 2008-2009, que muchos consideran fue una entrega injusta de abultadas sumas a las mismas corporaciones cuya conducta fue la que propició la crisis.
Como parte del paquete de 2 mil 200 millones de dólares aprobado actualmente, una comisión gubernamental y un panel nombrado por el Congreso vigilarán el reparto de la asistencia y la manera en que las empresas están acatando las restricciones estipuladas.
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