El gobierno estadounidense amplió extensamente el lunes el alcance de una política que prohíbe la asistencia financiera a grupos extranjeros que practiquen o proporcionen información sobre el aborto, una decisión que para los críticos afectará el acceso de las mujeres a vital cuidado de salud.
Bajo la nueva política, los US$8.800 millones de dólares del presupuesto de asistencia nacional para una serie de programas de lucha contra el VIH-SIDA, malaria y la salud materna e infantil estarán sujetos a la llamada norma de Ciudad de México.
Establecida en 1984, la política prohíbe el financiamiento fiscal para servicios de planificación familiar por parte de clínicas o grupos extranjeros que ofrecen servicios de aborto o discuten el procedimiento, incluso si los fondos para esas actividades provienen de fuentes privadas.
La regulación anteriormente se aplicaba a unos US$600 millones de dólares de los fondos fiscales.
Desde que fue anunciada, la norma de Ciudad de México ha sido rutinariamente rescindida por los gobiernos demócratas y restablecida bajo los republicanos, y ha sido usada por los presidentes para marcar su posición en cuanto al derecho al aborto.
Críticos de la política la llaman la "ley global del silencio", y dicen que perjudica a las mujeres más vulnerables del mundo que dependen de los grupos humanitarios para atender su salud. Incluso cuando la política de Ciudad de México no está activada la ley federal estadounidense prohíbe el uso de fondos fiscales para el aborto en el extranjero.
El presidente Donald Trump, un republicano, restauró la regulación en enero poco después de asumir el cargo, pero además solicitó a las agencias gubernamentales preparar un plan para aplicar la política a "toda asistencia de salud global de todos los departamentos y agencias del gobierno estadounidense".
El secretario de Estado, Rex Tillerson, ha aprobado un plan para ampliar las disposiciones de la política a la financiación de los programas contra el VIH-SIDA, salud materna e infantil, malaria y otras iniciativas de salud, informó el Departamento de Estado el lunes.
El financiamiento incluye US$6 millones para el "Plan del Presidente para Aliviar el SIDA" o PEPFAR(por sus siglas en inglés), el mayor proveedor de fondos en el mundo para medicinas contra el SIDA. PEPFAR fue creado en 2003 durante el gobierno de George W. Bush, y se le ha acreditado con salvar millones de vidas y tiene apoyo bipartidista.
Otros programas afectados por la ampliación de la política son el llamado, "Proteger la Vida en la Asistencia de Salud Global", y la "Iniciativa Presidencial contra la Malaria", que recibió unos US$621 millones de dólares en 2016, según su sitio web.
La ayuda global no ha cambiado
El Departamento de Estado dijo en un comunicado que "Proteger la Vida en la Asistencia de Salud Global" no reduce el monto de la asistencia de salud global del gobierno, y el financiamiento previamente asignado no será afectado como resultado de esta política".
Funcionarios estadounidenses dicen que los programas contra la malaria el VIH-SIDA resistirán incluso si Estados Unidos tuviera que negar los fondos para los actuales proveedores de salud.
"Tenemos una variedad de socios que están brindando servicios y estarían disponibles para continuar esos servicios", dijo un funcionario senior del gobierno a periodistas, quien habló bajo condición de anonimato.
La nueva política se aplica a fondos que se donan a organizaciones no gubernamentales, pero no a la ayuda que se entrega a los gobiernos o a organizaciones multilaterales, explicó el Departamento de Estado. La ampliada norma tampoco se aplica a la asistencia humanitaria y al alivio para desastres, ni a los fondos y programas de la ONU.
La senadora demócrata Jeanne Shaheen, quien es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que la ampliación de la política tendrá "graves consecuencias para millones de mujeres y niños vulnerables".
Grupos antiaborto elogiaron la decisión, indicando que apenas representa un un reajuste del financiamiento.
Reuters