El Gobierno del presidente Joe Biden advirtió a tres estados bajo control republicano que podría retirarles la autoridad para manejar su propia aplicación de la seguridad laboral debido a que se rehúsan a adoptar normativas que protejan del COVID-19 al personal sanitario.
La advertencia estuvo dirigida a Arizona, Carolina del Sur y Utah en momentos en que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus iniciales en inglés) se prepara para adoptar normativas más amplias de vacunación y realización de pruebas diagnósticas que afectan a 80 millones de estadounidenses. En casi la mitad de los estados, la OSHA dependerá de los reguladores laborales estatales para que hagan cumplir las disposiciones.
Funcionarios de la OSHA dijeron que Arizona, Carolina del Sur y Utah no están cumpliendo sus compromisos para implementar normativas laborales que sean por lo menos igual de efectivas que las del gobierno federal.
La cuestión es una normativa que obliga a utilizar equipo de protección personal, mantener la sana distancia y adoptar otras medidas de seguridad para los empleados en las instalaciones médicas que atienden a personas con COVID-19. También obliga a pagar ausencias por enfermedad a los trabajadores que contraigan COVID-19, necesiten vacunarse o estén lidiando con los efectos secundarios de la inoculación.
“La agencia no dudará en utilizar todos nuestros recursos para proteger a los trabajadores sanitarios de los peligros de salud conocidos”, manifestó Jim Frederick, subsecretario interino de trabajo para la seguridad y salud ocupacional.
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La OSHA ha renunciado a su autoridad para ejercer las leyes y disposiciones sobre seguridad en los lugares de trabajo del sector privado en 22 estados, entre ellos Arizona, Carolina del Sur y Utah. A cambio, los estados deben adoptar normativas que sean tan efectivas o mejores que las disposiciones federales para proteger a los trabajadores.
Funcionarios de la OSHA dijeron que adoptarán como primera medida revocar la autoridad que tienen los tres estados desde la década de 1980 y reclamarán la jurisdicción de los inspectores federales sobre el sector salud u otros.
El gobernador de Arizona, Doug Ducey, republicano, describió la medida como “nada menos que una maniobra política y una apropiación desesperada del poder”.
Trevor Laky, portavoz de la Comisión Industrial de Arizona, dijo que la agencia ha comenzado un proceso de elaboración de normativas. Aunque el estado podría adoptar disposiciones de emergencia que entren en vigor con rapidez, señaló que las autoridades de la agencia prefieren un proceso más transparente que permita los comentarios del público.
Laky culpó a las autoridades de la OSHA por demorarse dos meses para decirle al estado que sus actuales leyes sobre sueldos y horarios no eran suficientemente buenas.
“Estamos decepcionados de que la OSHA federal haya decidido adoptar esta medida contra nuestro muy eficaz programa de la OSHA estatal”, señaló en un comunicado Emily Farr, titular del Departamento del Trabajo, Licencias y Reglamentos de Carolina del Sur.
Las autoridades de Utah no habían respondido de momento a una solicitud de comentarios al respecto.
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