El presidente Donald Trump aflojó las normas para el cumplimiento de una ley que prohíbe a las iglesias exentas de impuestos participar en actividades políticas.
Trump firmó el jueves una ley ejecutiva que otorga "máxima discreción" al Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés), para monitorear la actividad política de grupos religiosos, una disposición que raramente se cumple.
La orden también brinda "alivio regulatorio" a grupos conservadores religiosos que se oponen a disposiciones de la reformada de la ley de salud Obamacare, que les obligaba a pagar planes de seguro médico que incluían control de natalidad y otras medidas que según las iglesias iban en contra de sus creencias religiosas.
Trump firmó el decreto durante una visita de conservadores cristianos a la Casa Blanca para un evento anual conocido como el Día Nacional de Oración.
Encuestas de salida de urna en las pasadas elecciones presidenciales mostraron que Trump derrotó 5 a 1 a su rival demócrata Hillary Clinton entre los cristianos evangélicos. El entonces candidato republicano prometió a este grupo de votantes que respondería a sus quejas sobre las políticas de gobierno si ganaba.
“Los fundadores de la patria creían que la libertad religiosa era tan fundamental que la consagraron en la misma primera enmienda de nuestra gran amada Constitución", dijo Trump en una ceremonia en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.
"Sin embargo por mucho tiempo el gobierno federal ha usado el poder del estado como arma contra la gente de fe, acosando e incluso castigando a los estadounidenses por seguir sus preceptos religiosos", señaló, indicando que la orden ejecutiva defiende la libertad de religión y de expresión en Estados Unidos.
"No permitiremos que la gente de fe sea perseguida, acosada o silenciada nunca más", declaró. "Y nunca apoyaremos la discriminación religiosa" prometió.
Pero, el decreto no incluye una controversial disposición incluida en un borrador de la orden ejecutiva que circuló en Washington hace varias semanas, por la cual se habría permitido a los contratistas del gobierno federal discriminar contra lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y madres solteras, por razones religiosas.
Aunque funcionarios de la Casa Blanca dijeron que no preveían retos a la orden ejecutiva, a la hora de haber firmado Trump el decreto la Unión de Libertades Civiles Americana (ACLU por sus siglas en inglés, anunció que presentaría una demanda.
"Estados Unidos es un país profundamente religioso porque la libertad de religión y la tolerancia de las distintas creencias religiosas florece", dijo Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU.
"Los esfuerzos del presidente Trump para promover la libertad religiosa son velados intentos para permitir que su base religiosa conservadora entre en la arena política, al mismo tiempo que usa la religión para discriminar. Es una doble dosis en la que ceden a una base y niegan cuidados reproductivos (a otra). Nos veremos de nuevo con Trump en la corte", prometió Romero.