Por la muerte de cuatro estadounidenses en operaciones de aviones no tripulados, una jueza federal decidirá si las familias de las víctimas tienen derecho a entablar demandas.
La jueza Rosemary Collier de la Corte de Distrito de Estados Unidos en Washington decidirá, luego de la audiencia de este viernes, si las familias de los cuatro ciudadanos estadounidenses que perecieron en operaciones de drones tienen opciones de presentar demandas de compensación.
La jueza federal formuló preguntas comprometidas este viernes a la Administración Obama y abogados de libertades civiles en un caso judicial sobre si los ciudadanos estadounidenses en el exterior que han sido objetivos de ataques con aviones sin piloto, pueden solicitar compensación del gobierno.
La jueza Rosemary Collier dijo que decidiría lo más pronto posible, por lo menos en la pregunta preliminar, sobre si los ciudadanos o los miembros de su familia tienen derechos a entablar una demanda.
El gobierno de Estados Unidos admitió en mayo pasado que había matado a cuatro estadounidenses en ataques de aeronaves sin tripulación en Yemen y Pakistán desde 2009, como parte de su campaña contra al Qaeda y grupos afiliados.
Las familias de tres de los que perecieron, incluyendo al clérigo rebelde nacido en el estado de Nuevo México, Anwar al-Awlaki, están demandando por sus muertes, argumentando que los decesos fueron ilegales.
La jueza federal formuló preguntas comprometidas este viernes a la Administración Obama y abogados de libertades civiles en un caso judicial sobre si los ciudadanos estadounidenses en el exterior que han sido objetivos de ataques con aviones sin piloto, pueden solicitar compensación del gobierno.
La jueza Rosemary Collier dijo que decidiría lo más pronto posible, por lo menos en la pregunta preliminar, sobre si los ciudadanos o los miembros de su familia tienen derechos a entablar una demanda.
El gobierno de Estados Unidos admitió en mayo pasado que había matado a cuatro estadounidenses en ataques de aeronaves sin tripulación en Yemen y Pakistán desde 2009, como parte de su campaña contra al Qaeda y grupos afiliados.
Las familias de tres de los que perecieron, incluyendo al clérigo rebelde nacido en el estado de Nuevo México, Anwar al-Awlaki, están demandando por sus muertes, argumentando que los decesos fueron ilegales.