El gobierno estadounidense inició una investigación sobre abusos laborales y de derechos humanos en Nicaragua, que afectan las relaciones con un país con el cual tiene un acuerdo de libre comercio en medio de crecientes preocupaciones por el gobierno cada vez más autoritario del presidente Daniel Ortega.
Se espera que la investigación, que será llevada a cabo por la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos, dure un año.
“Numerosos reportes sugieren que el gobierno de Nicaragua está incurriendo en actos represivos que perjudican a los propios trabajadores y al pueblo nicaragüense, socavan la competencia justa y desestabilizan a nuestra región”, dijo en un comunicado la representante comercial estadounidense Katherine Tai.
La investigación, autorizada bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, examinará no solo las denuncias de abuso, sino también en qué medida afectan el comercio con Estados Unidos. Solo hasta entonces se tomarán acciones en consecuencia, de haberlas.
La representante comercial, en su comunicado, citó reportes creíbles de varios grupos activistas contra el gobierno de Ortega, incluyendo de arrestos políticos, trabajos forzados, tráfico humano y represión de la libertad de asociación y contratación colectiva.
“Tales acciones exacerban la explotación laboral y disminuyen el crecimiento económico y las oportunidades comerciales”, indicó la agencia, y añadió que la decisión de abrir la investigación es una de varias medidas tomadas el martes para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La vicepresidenta de Nicaragua y portavoz del gobierno, Rosario Murillo, no respondió de momento a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.
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En mayo, el gobierno estadounidense impuso aranceles de la sección 301 a varios productos chinos, incluidos vehículos eléctricos, baterías avanzadas, células solares, acero y aluminio. Esos aranceles reflejaron en gran medida la conclusión de Estados Unidos de que China estaba subsidiando injustamente esas industrias.
“Durante años, el gobierno chino ha vertido dinero estatal en empresas chinas”, dijo el presidente Joe Biden sobre esos aranceles. “No es competencia, es trampa”.
En el caso de Nicaragua, cualquier sanción sería complicada porque el país forma parte del Tratado de Libre Comercio de América Central.
De los cinco miembros del pacto comercial, Nicaragua es uno de los únicos dos que registran un superávit comercial con Estados Unidos, y que en 2022 fue de aproximadamente 3.000 millones de dólares, casi el 20 % de su producto interno bruto.
Ortega propuso el mes pasado una reforma constitucional que oficialmente lo haría a él y a su esposa, la vicepresidenta Murillo, “copresidentes” de la nación centroamericana y extendería el mandato presidencial de cinco a seis años.
Las propuestas se producen en medio de denuncias de una represión continua por parte del gobierno de Ortega que ha resultado en el encarcelamiento masivo y el exilio forzado de adversarios, incluidos líderes religiosos y periodistas.
Desde 2018, el gobierno ha cerrado más de 5.000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y muchos se ha visto obligados a huir del país.
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