Con un voto de 5-4 a principios de esta semana, la Corte Suprema de EE.UU. permitió a la administración Trump negar la residencia legal a inmigrantes de bajos ingresos que usan o se considera que dependen de programas de asistencia pública.
La decisión anuló múltiples tribunales inferiores que habían bloqueado la implementación de la ley de "carga pública", que algunos llaman una prueba de riqueza, mientras que el litigio se abre paso a través del sistema judicial de Estados Unidos.
¿Cómo funciona la ley de carga pública?
La ley establece nuevos criterios para las autoridades federales al evaluar a los inmigrantes que desean convertirse en residentes legales permanentes en Estados Unidos. Los funcionarios de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. analizarán la edad, la salud, la educación, los activos y los ingresos para identificar a aquellos que probablemente dependan o sigan dependiendo de beneficios del gobierno para la nutrición, la vivienda o la atención médica.
Usando la ley, los funcionarios pueden negar las solicitudes de tarjeta verde (Green card) u ordenar que los inmigrantes sean deportados del país. Las órdenes de expulsión pueden ser apeladas, pero a menudo conducen a la deportación.
¿Qué determina una carga pública?
Una persona puede ser considerada una carga pública si ha utilizado uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses y en conjunto dentro de un período de 36 meses. Según la ley, recibir dos beneficios en un mes cuenta como dos meses de consumo de recursos públicos.
¿La ley se aplica a todos los inmigrantes?
La ley no se aplica al proceso para convertirse en ciudadano estadounidense. Tampoco se aplica a ciertos titulares de visas estadounidenses, incluidos aquellos que se encuentran en Estados Unidos para ayudar en la investigación o el enjuiciamiento de delitos. Los funcionarios estadounidenses también han dicho que la interpretación de la carga pública no se aplicaría a las personas que ya tienen tarjetas de residencia, a ciertos miembros del ejército, refugiados y solicitantes de asilo, ni a mujeres embarazadas y niños.
¿Por qué está haciendo esto la administración?
Según la ley de EE.UU., un residente legal permanente (LPR, por sus siglas en inglés) puede cualificar para beneficios federales limitados. En la mayoría de los casos, el LPR debe de esperar cinco años tras obtener la residencia para solicitar asistencia del gobierno.
El gobierno de Trump sostiene que Estados Unidos debería dar la bienvenida a los inmigrantes por méritos demostrados.
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"La autosuficiencia y la autodependencia son valores estadounidenses clave que no deben ser descartados litigiosamente, sino que deben ser alentados y adoptados por la próxima generación de inmigrantes", dijo el subsecretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, en un comunicado.
Cuccinelli agregó que la administración planea "implementar completamente esta ley" y confía en que la política sobrevivirá a los desafíos legales pendientes.
¿Cómo están reaccionando los grupos de defensa?
Los partidarios de restringir la inmigración acogieron con beneplácito la decisión de la Corte Suprema.
"La verdad es que, como una cuestión de responsabilidad fiscal, nuestro gobierno en todos los niveles necesita ajustar los requisitos de trabajo y productividad para evitar el abuso o la dependencia crónica de nuestros programas de redes de seguridad, ya sea por ciudadanos de toda la vida o inmigrantes recientes", dijo en un comunicado Ken Oliver, director senior de la conservadora Texas Public Policy Foundation.
Los grupos de derechos de los inmigrantes, por el contrario, consideran que la norma es discriminatoria e injusta.
En un comunicado, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración dijo que la ley es el "último intento de la administración Trump de construir un muro invisible que bloquee los derechos preexistentes para los inmigrantes legales".
Bruce Lesley, presidente de First Focus on Children, dijo que la ley de carga pública apunta y daña a los niños.
“La mera amenaza de la ley de la carga pública ya ha creado un efecto escalofriante que ha obligado a miles de niños a abandonar el seguro de salud, la asistencia alimentaria y otros programas de soporte vital. Esperamos la decisión de hoy de acelerar ese daño y con ella dañar a millones de los más jóvenes y vulnerables de nuestro país", dijo Lesley.
¿Qué muestran los datos?
Un análisis de 2019 no partidista realizado por el Instituto de Política de Migración (MPI por sus siglas en inglés) mostró que la ley otorga al gobierno una amplia discreción para negar la admisión a una gran parte de aquellos que actualmente ingresan en función de las relaciones familiares. Las mujeres, los ancianos y los niños a menudo tienen más probabilidades de necesitar asistencia pública. El temor a la aplicación de la ley podría disuadirlos de inscribirse en programas de asistencia, incluso si califican.
Utilizando datos del censo, el MPI calculó que el 69% de los titulares de la tarjeta verde tenían al menos un factor que se consideraría negativo según la ley. Cuarenta y tres por ciento tenía al menos dos factores negativos y 17% tenía al menos tres.
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"En su conjunto, la ley de la carga pública puede retrasar la integración de las familias inmigrantes, anular las elecciones estatales con respecto a los servicios que han optado por proporcionar a sus residentes y alterar la composición de la futura inmigración a Estados Unidos", concluyó MPI.
¿Cuándo entra en vigor la nueva interpretación de la ley de carga pública?
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) probablemente anunciará una fecha de vigencia en los próximos días. La fecha de inicio original se pospuso, mientras que los mandatos a nivel nacional detuvieron la ley. Aquellos que ya solicitaron el ajuste de estatus y tienen solicitudes pendientes con USCIS no deberían verse afectados por la ley.