El gobierno de Estados Unidos sancionó al líder del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral, y a otros 12 funcionarios entre los cuales se encuentran otros dos latinoamericanos: el legislador guatemalteco Julio Antonio Juárez Ramírez, y el empresario dominicano Ángel Rondón Rijo.
Las sanciones, que consisten en la congelación de activos en Estados Unidos y prohíben a personas naturales y jurídicas estadounidenses realizar transacciones comerciales o financieras con los sancionados, están amparadas en la Ley Magnitsky adoptada por el Congreso en 2012.
"Hoy Estados Unidos adopta una postura enérgica contra el abuso de derechos humanos y la corrupción global al sacar a estos malos actores del sistema financiero estadounidense", dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.
Estados Unidos que acusa a Rivas Reyes de perpetrar el fraude electoral, anunció además que funcionarios nicaragüenses bloquearon investigaciones judiciales sobre la inmensa fortuna amasada por la cabeza del electoral, quien al parecer recibía un salario equivalente a 60.000 dólares anuales.
Las autoridades estadounidenses señalaron a Juárez Ramírez de haber ordenado un ataque que en marzo de 2015 dejó dos periodistas muertos y otro herido.
Según la Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Juárez Ramírez habría contratado a sicarios para matar a un periodista quien a través de su trabajo habría puesto en riesgo sus intenciones de candidatearse para diputado nacional. Un colaborador del periodista habría sido una víctima colateral.
Juárez, a quien le fue retirada la inmunidad y es investigado, ha mantenido que es inocente de los cargos.
Por su parte, Rondón Rijo ya fue arrestado y acusado por las autoridades dominicanas de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Rondón ha sido desde 2001 el representante comercial de Odebrecht en República Dominicana y es señalado de haber supuestamente distribuido millonarios sobornos entre funcionarios locales.
Es el principal acusado por la Procuraduría en el caso de corrupción de Odebrecht y está libre bajo fianza.
La legislación estadounidense bajo la cual se han aplicado las sanciones lleva el nombre del abogado ruso Sergei Magnitsky, quien murió en prisión en Rusia tras denunciar un fraude fiscal que involucraba a funcionarios del gobierno de Moscú.
La ley Magnitsky fue ampliada el año pasado para permitir a Estados Unidos abordar violaciones de derechos humanos en cualquier país, no sólo en Rusia.
Con información de AP