La ACLU demanda a EE.UU. por presuntamente violar los derechos humanos del detenido acusado de terrorismo, al someterlo a interrogatorios equivalentes a torturas.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentará este martes una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para exigir una investigación sobre la presunta tortura aplicada por el gobierno estadounidense contra el reo José Padilla acusado de terrorismo.
En la denuncia, la ACLU atribuye que se ha cometido una violación a los derechos humanos de Padilla, quien es ciudadano estadounidense, por las condiciones en las que se ha manejado su proceso.
La ACLU en la demanda representa a José Padilla y a su madre Estela Lebrón al considerar que también fueron violados sus derechos cuando se le prohibió comunicarse o visitar a su hijo por varios años. Lebrón afirma que esta ordenanza también afectó su salud.
En cuanto a las violaciones contra Padilla, ACLU argumenta que fue sometido a técnicas de interrogatorios comparables con la tortura como fueron la privación del sueño, la confiscación sin ver la luz del día, así como posturas tensas y dolorosas.
Además incluyen en la demanda que a José Padilla se le prohibió contactar un abogado y a sus familiares durante el proceso de interrogatorio, y que no se le ha permitido practicar su religión, el islam.
Por todas estas condiciones el estado mental de Padilla está deteriorado ya que frecuentemente se rehúsa a reunirse con su abogado o sus familiares por temor a que eso resulte en que vuelva a estar bajo custodia militar.
"El gobierno de EE.UU. tiene la obligación ante la Constitución y la ley federal, pero también tiene la obligación ante la ley internacional a responder formalmente ante estas acusaciones”, dijo el abogado de la ACLU, Steven Watt.
Al mismo tiempo se solicita en la demanda que EE.UU. exprese públicamente sus disculpas por la forma cómo llevaron a cabo las investigaciones en el caso de José Padilla.
José Padilla, quien ahora tiene 43 años fue detenido en mayo del 2002 por supuestamente regresar a Estados Unidos con la intención de realizar atentados con bomba en ciudades importantes de EE.UU. como Nueva York o Washington D.C.
Padilla estuvo encarcelado durante 22 meses en una prisión militar de Carolina del Sur completamente aislado.
Pasaron otros 22 meses, en total 3 años y medio antes de que fuera acusado en un tribunal de derecho, pero nunca por los actos por los que fue arrestado originalmente y declarado por el gobierno de George W. Bush como un “combatiente enemigo” de Estados Unidos.
Padilla cumple una condena de 17 años y la Corte Suprema hay rechazado revisar su caso.
En septiembre una Corte de Apelaciones consideró que la sentencia original de Padilla era muy indulgente por organizar un operativo en nombre de al-Qaida, además que el inculpado ya había cometido crímenes como miembro de una pandilla en Chicago.
La nueva sentencia que se dictará para Padilla ha sido postergada hasta el 29 de enero por orden de un juez federal a petición de la defensa, la cual alega que su cliente está sicológicamente muy deteriorado.
En la denuncia, la ACLU atribuye que se ha cometido una violación a los derechos humanos de Padilla, quien es ciudadano estadounidense, por las condiciones en las que se ha manejado su proceso.
La ACLU en la demanda representa a José Padilla y a su madre Estela Lebrón al considerar que también fueron violados sus derechos cuando se le prohibió comunicarse o visitar a su hijo por varios años. Lebrón afirma que esta ordenanza también afectó su salud.
En cuanto a las violaciones contra Padilla, ACLU argumenta que fue sometido a técnicas de interrogatorios comparables con la tortura como fueron la privación del sueño, la confiscación sin ver la luz del día, así como posturas tensas y dolorosas.
Además incluyen en la demanda que a José Padilla se le prohibió contactar un abogado y a sus familiares durante el proceso de interrogatorio, y que no se le ha permitido practicar su religión, el islam.
Por todas estas condiciones el estado mental de Padilla está deteriorado ya que frecuentemente se rehúsa a reunirse con su abogado o sus familiares por temor a que eso resulte en que vuelva a estar bajo custodia militar.
"El gobierno de EE.UU. tiene la obligación ante la Constitución y la ley federal, pero también tiene la obligación ante la ley internacional a responder formalmente ante estas acusaciones”, dijo el abogado de la ACLU, Steven Watt.
Al mismo tiempo se solicita en la demanda que EE.UU. exprese públicamente sus disculpas por la forma cómo llevaron a cabo las investigaciones en el caso de José Padilla.
José Padilla, quien ahora tiene 43 años fue detenido en mayo del 2002 por supuestamente regresar a Estados Unidos con la intención de realizar atentados con bomba en ciudades importantes de EE.UU. como Nueva York o Washington D.C.
Padilla estuvo encarcelado durante 22 meses en una prisión militar de Carolina del Sur completamente aislado.
Pasaron otros 22 meses, en total 3 años y medio antes de que fuera acusado en un tribunal de derecho, pero nunca por los actos por los que fue arrestado originalmente y declarado por el gobierno de George W. Bush como un “combatiente enemigo” de Estados Unidos.
Padilla cumple una condena de 17 años y la Corte Suprema hay rechazado revisar su caso.
En septiembre una Corte de Apelaciones consideró que la sentencia original de Padilla era muy indulgente por organizar un operativo en nombre de al-Qaida, además que el inculpado ya había cometido crímenes como miembro de una pandilla en Chicago.
La nueva sentencia que se dictará para Padilla ha sido postergada hasta el 29 de enero por orden de un juez federal a petición de la defensa, la cual alega que su cliente está sicológicamente muy deteriorado.