Fiscalía de Venezuela ordena detención de funcionarios petroleros

Por presuntos hechos de corrupción en la industria petrolera han sido detenidos 80 funcionarios, de los cuales 22 son altos gerentes, informó el fiscal general. 

La Fiscalía General de Venezuela solicitó la detención de cinco personas, cuatro de ellos exejecutivos y funcionarios de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A., por presuntos hechos de corrupción.

El fiscal general Tarek William Saab dijo el martes a la prensa que se ordenó el arresto de Jesús Luongo, ex vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de PDVSA; Keila Gatica, analista de estimación de costos del estatal Centro de Refinación Paraguaná; Lexy Briceño, gerente de servicios técnicos y apoyo del complejo; y Keila Martínez, superintendente de estimación de costos.

Asimismo, las autoridades solicitaron la detención de José Espinoza, presidente de la empresa Espidel que estaría implicada en las presuntas irregularidades que se cometieron en la compra con sobreprecio de combustibles a PDVSA.

Saab dijo que Luongo, Gatica, Briceño y Espinoza fueron presentados la víspera en tribunales donde fueron imputados de los delitos de peculado doloso, lavado de capitales y asociación para delinquir.

Martínez huyó del país en diciembre, precisó el fiscal. Las autoridades venezolanas solicitaron a Interpol la captura de la exfuncionaria.

Este es el segundo caso de corrupción que enfrenta Luongo, quien fue apresado el año pasado por su presunta vinculación con el empresario Diego Salazar, primo del ex zar petrolero y exembajador de Venezuela en Naciones Unidas Rafael Ramírez, que fue detenido como parte de una investigación por el supuesto uso de cuentas en un banco de Andorra para lavar unos 1.602 millones de dólares.

Las investigaciones de corrupción en la industria petrolera se dan en medio de la compleja situación financiera y de producción que enfrenta PDVSA, que podría complicarse tras las severas sanciones que impuso Estados Unidos a Venezuela.

El anuncio del Departamento del Tesoro dice que "las acciones del gobierno venezolano han hecho que la moneda venezolana carezca de valor a través de la hiperinflación, convirtieron alimentos y medicinas en productos raros a través de controles de precios y desencadenaron una crisis humanitaria que el gobierno venezolano se niega a mitigar cambiando de política o aceptando asistencia internacional".

"El presidente Maduro diezmó la economía venezolana e impulsó una crisis humanitaria. En lugar de corregir el rumbo para evitar más catástrofes, el régimen de Maduro intenta eludir las sanciones a través de la moneda digital Petro, una estratagema que la Asamblea Nacional democráticamente electa de Venezuela ha denunciado y el Tesoro ha advertido a las personas estadounidenses que eviten ", dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.

"Hoy participé en una reunión importante en Argentina con mis homólogos de la región y Europa, donde discutimos cómo lograr nuestros objetivos compartidos de restaurar la democracia venezolana, combatir la cleptocracia del régimen de Maduro y responder a la crisis humanitaria causada por La política económica de Maduro", indicó Mnuchin.

Este lunes, el presidente Trump también firmó una Orden Ejecutiva que prohíbe a las personas estadounidenses y otras sujetas a la jurisdicción estadounidense participar en todas las transacciones relacionadas con, suministro de financiación y otras transacciones en cualquier moneda digital, moneda digital o ficha digital emitida por para, o en nombre del Gobierno de Venezuela después del 9 de enero de 2018.

Como resultado de las acciones de este día, todos los activos de los siguientes funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela que están sujetos a la jurisdicción de los EE.UU. están congelados, y las personas de EE.UU. generalmente tienen prohibido tratar con ellos:

Américo Alex Mata García (Mata) fue nombrado Director Suplente en la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, también conocido como BANAVIH, dependiente del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Mata también fue el Viceministro de Economía Agrícola y el Presidente del Banco Agrícola de Venezuela, ambos dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.

Mata es ex presidente de Corpomiranda, una empresa estatal conocida por su papel en la ejecución de políticas públicas relacionadas con el desarrollo territorial y las poblaciones que habitan el área que comprende el estado de Miranda, la cuenca del río Tuy, y el Tovar, Ribas, Revenga , y los municipios Santos de Michelena del estado Aragua. En su papel como coordinador de la campaña presidencial de Maduro en 2013, Mata supuestamente solicitó y recibió pagos de Odebrecht, una empresa de construcción brasileña atrapada en un escándalo de corrupción en todo el mundo.

Mata supuestamente solicitó 50 millones de dólares en nombre del gobierno venezolano, al tiempo que garantizaba los contratos de Odebrecht para obras futuras. Según los informes, Odebrecht proporcionó 35 millones de dólares a la campaña de Maduro en 2013.

Willian Antonio Contreras (Contreras) es el jefe, o Superintendente Nacional, de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), la agencia responsable de imponer controles de precios en Venezuela. Además, Contreras es el Viceministro de Comercio Interior del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. Debido a los continuos controles de precios impuestos por SUNDDE en negocios que van desde supermercados hasta compañías multinacionales, las empresas han disminuido la producción o han dejado de operar en lugar de seguir importando materias primas para incorporarlas a productos que se les ordena vender por mucho menos que los precios típicamente encontrado en supermercados.

Nelson Reinaldo Lepaje Salazar (Lepaje), a partir de mediados de marzo de 2018, actuaba en calidad de Jefe de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela. Anteriormente, Lepaje había delegado las funciones del Tesorero Nacional Auxiliar, y en ese cargo estuvo involucrado en la supervisión de los procedimientos administrativos y la firma de documentos oficiales, incluidos los acuerdos financieros entre el Ministerio del Poder Popular, el Banco Central de Venezuela y cualquier entidad nacional. o instituciones financieras extranjeras que son entidades auxiliares de la Oficina Nacional del Tesoro. Lepaje también autorizó la apertura de cuentas bancarias con fondos del Tesoro Nacional en monedas nacionales y extranjeras. El ex tesorero nacional, Carlos Erick Malpica Flores, también fue designado por la OFAC, en julio de 2017. Además,

Carlos Alberto Rotondaro Cova (Rotondaro) es el ex presidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS), la agencia gubernamental encargada de proporcionar medicamentos a los pacientes para enfermedades crónicas. Como resultado del colapso económico de Venezuela bajo Maduro, el país ya no compra suficientes medicamentos extranjeros o produce suficientes medicamentos propios.

Debido en parte a la insuficiencia de vacunas y antibióticos, las enfermedades que alguna vez fueron controladas como la difteria y el sarampión han regresado, mientras que los venezolanos que sufren enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes a menudo tienen que renunciar al tratamiento. El sistema de salud de Venezuela continúa cayendo en una crisis más profunda luego de años de agitación económica, provocando brotes de enfermedades tratables y el aumento de las tasas de mortalidad.

Un funcionario estadounidense dijo a periodistas este lunes, que las sanciones aplicadas a estos individuos no están relacionadas con la prohibición emitida este lunes por el presidente Donald Trump para que las personas jurídicas e individuos estadounidenses no comercien o realicen transacciones con el Petro, la criptomoneda venezolana.

“Estamos adaptando nuestras sanciones a la intención del presidente Trump de aplicar sanciones contínuas, fuertes y rápidas contra el gobierno de Venezuela y al mismo tiempo considerando cómo mejor implementar las acciones que estamos tomando y cuándo sería el mejor momento para implementarlas”, dijo el funcionario, que habló bajo condición de no ser identificado.