Una jueza federal de Estados Unidos accedió este lunes a la solicitud del expresidente Donald Trump de nombrar a un supervisor especial independiente para revisar miles de páginas de documentos de seguridad nacional incautados en su residencia de Florida.
La jueza de distrito Aileen Cannon autorizó el nombramiento a pesar de las objeciones del Departamento de Justicia, que le informó la semana pasada de que ya había completado una revisión de los documentos altamente secretos y otros papeles obtenidos en Mar-a-Lago por orden judicial el 8 de agosto.
El Departamento de Justicia dijo que de las 11.000 páginas incautadas, encontró unas 500 de materiales privados que posiblemente pudieran devolverse a Trump, y que -según la jueza en su fallo- incluyen documentos médicos, información de contabilidad e impuestos.
También lea Inventario revela nuevos detalles sobre documentos incautados a TrumpCannon ordenó a los abogados de las partes que le entregaran para el viernes una lista de posibles candidatos que pudieran ejecutar la revisión independiente de los documentos incautados en Mar-a-Lago. También dijo que deben negociar “los deberes y las limitaciones” del nominado y un límite de tiempo para completar la revisión.
La jueza ordenó también al Departamento de Justicia, “pendiente a la revisión del supervisor independiente” o una nueva orden judicial, suspender la investigación criminal sobre por qué Trump documentos muy secretos a la Florida cuando su mandato terminó en enero de 2021 en lugar de entregarlos a los Archivos Nacionales como requiere la ley.
Sin embargo, dijo que incluso con el retraso de la investigación criminal, los expertos de inteligencia del gobierno podrían continuar revisando si hubo algún peligro para los intereses de seguridad por mantener los documentos en Mar-a-Lago, donde cientos de personas frecuentan el comedor o se alojan como huéspedes del hotel.
Your browser doesn’t support HTML5
Dura batalla entre Demócratas y Republicanos con la vista puesta en las elecciones
En una moción presentada la semana pasada, el Departamento de Justicia dijo que sólo buscaba y le fue aprobado registrar un almacén en un sótano, la oficina de Trump y otras habitaciones en Mar-a-Lago, después de sospechar que los documentos fueron “probablemente ocultados y removidos” del área de almacenamiento y “probablemente hubo esfuerzos para obstruir la investigación del gobierno”.
Trump había devuelto cientos de documentos entre enero y junio.
Sin embargo, el secretario de Justicia, Merrick Garland, autorizó el registro el mes pasado y el magistrado federal Bruce Reinhart la aprobó después de que los fiscales dijeron que se enteraron por fuentes internas que aún quedaban más documentos en Mar-a-Lago, incluso cuando una abogada de Trump, Christina Bobb, había firmado una declaración que decía que “una búsqueda diligente” arrojó que no había nada más que encontrar.
La controversia de la foto
El Departamento de Justicia incluyó una foto en su moción de una serie de documentos altamente secretos que había encontrado en la oficina de Trump durante el registro y los colocó sobre una alfombra en Mar-a-Lago.
Los abogados de Trump respondieron que, “dicho simplemente, la noción de que registros presidenciales pudieran contener información delicada nunca debió ser causa de alarma”.
También lea ¿Puede un expresidente de EEUU invocar privilegio ejecutivo sobre sus registros?Trump acusó al Departamento de Justicia de lanzar una caza de brujas partidista contra él y sus abogados. Además, reclamó que él había desclasificado documentos, aunque no presentó ninguna prueba de que lo hizo antes del 20 de enero de 2021, cuando expiró su autoridad para hacerlo.
Cannon, quien fue nombrada por Trump, dijo en su orden que es necesario designar a un supervisor especial “en interés de asegurar la integridad de un proceso ordenado entre las denuncias de parcialidad y filtraciones a la prensa”.
Añadió que Trump "enfrenta un daño potencial incalculable si se revela impropiamente al público alguna información delicada”.
Según la jueza, como Trump es un expresidente, “el estigma” de los materiales confiscados que se le deben devolver y no ser retenidos por el gobierno, “es un caso particular”.
“Una futura acusación, basada en algún grado en la propiedad que debió devolverse, resultaría en un daño a la reputación de una magnitud decididamente diferente”, dijo Cannon.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.