Estados Unidos mantuvo a Venezuela en su informe anual sobre Tráfico de Personas relativo a 2015, colocándola junto con Belice y Haití en un grupo de países que “no cumplen los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas ni hacen esfuerzos significativos para ello”.
El Informe Anual del Departamento de Estado sobre Tráfico de Personas destaca que el gobierno de Caracas divulga "información mínima" sobre sus esfuerzos para combatir el tráfico de personas y que la "falta de datos confiables sobre los esfuerzos gubernamentales torna difícil evaluarlos".
“Venezuela es un país de fuente y destino para hombres, mujeres y niños sujetos al tráfico sexual y al trabajo forzado. Las mujeres y niñas venezolanas son sujetas al tráfico sexual y al turismo sexual de menores dentro del país, incluidos algunos que son atraídos con engaños de regiones pobres del interior a centros urbanos y turísticos”, asegura el documento.
“Niños venezolanos son explotados dentro del país, frecuentemente por sus familias para el servicio doméstico”, y funcionarios venezolanos son citados indicando que ha aumentado el tráfico sexual en el sector de la minería informal.
El Informe de Tráfico de Personas 2016, cita reportes de prensa según los cuales algunos de los 30.000 cubanos, especialmente médicos que trabajan en representación de su gobierno en programas sociales en Venezuela podrían estar siendo objeto de trabajos forzados.
“Algunos de estos cubanos atribuyen dicho trato a su propio gobierno, incluidos indicadores de tráfico laboral como el pago crónico de salarios bajos, largas horas obligatorias y amenazas de acciones de represalia contra ciudadanos y sus familias si abandonan el programa”, señala el documento.
El Departamento de Estado sacó el año pasado a Cuba de la lista negra del Informe de Tráfico de Personas a fin de facilitar la normalización de relaciones entre los dos países. Cuba fue mantenida fuera de la lista este año nuevamente.
Con respecto a la persecución de los responsables del tráfico de personas, el informe del gobierno estadounidense afirma que Venezuela ha reducido los esfuerzos en ese sentido, pero aclara que “la falta de información pública detallada sobre investigaciones, juicios e inculpaciones hace difícil evaluar los esfuerzos policiales contra el tráfico humano”.
El Informe del Departamento de Estado apunta también que las autoridades venezolanas “no reportaron haber cooperado con gobiernos extranjeros o investigaciones de tráfico (de personas) durante el año” evaluado.
En cuanto a la protección a las víctimas de tráfico de personas, “el gobierno (de Venezuela) no reportó sobre la existencia de procedimientos formales para identificar a las víctimas” de ese delito, “ni especificó el tipo de asistencia que se brindó a las víctimas en 2015”.
Según el Informe, “la disponibilidad de servicios (gubernamentales) para víctimas continúa siendo limitado”, aparte de la asistencia que prestan organizaciones no gubernamentales.
Sin embargo, el documento reconoce que el gobierno de Venezuela ha hecho esfuerzos dirigidos a combatir la violencia sexual en general, incluidos un anuncio sobre explotación sexual y la distribución de carteles y folletos contra el tráfico de personas. Al mismo tiempo se destaca que el gobierno no ofreció capacitación a su personal diplomático sobre el tráfico humano.
Venezuela fue añadida en 2014 a la “lista negra” del informe anual del Departamento de Estado sobre el tráfico de personas, tras figurar durante varias ediciones en el listado de “observación especial”.