El estado es el primero en aprobar una ley que permite volver a usar este método para aplicar la pena capital.
Ante la carencia de fármacos para aplicar la inyección letal a reos condenados a muerte, el estado de Tennessee aprobó el empleo de la silla eléctrica.
De esta manera los legisladores pretendieron acabar con la polémica sobre el tipo de drogas que se estaban empleando, su escasez y el caracter cruel de las ejecuciones.
Los legisladores aprobaron la medida por amplia mayoría y el gobernador republicano Bill Haslam la firmó de inmediato.
Por su parte los que se oponen a la pena de muerte expresaron su rechazo a la medida y consideran que la ley será impugnada ante los tribunales, no solo porque no ofrecen otra opción para el reo, al ser el Estado quien decida electrocutar a un preso condenado a la pena de muerte.
El director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Richard Dieter, dijo a la agencia AP que “ningún estado había ido tan lejos”, al imponer un método como la electrocución.
La decisión se realiza en medio de una gran polémica sobre la pena de muerte generada ante la negativa de laboratorios europeos de vender el fármaco que se utiliza para componer la inyección letal.
Esto generó una escasez por lo que algunos estados optaron por comprar la sustancia a otros laboratorios sin hacer pública su procedencia. La preocupación se acrecentó el mes pasado con la ejecución del prisionero Clayton Lockett, de 38 años, quien supuestamente sufrió una muerte innecesariamente “cruel” por el uso de los nuevos fármacos.
De esta manera los legisladores pretendieron acabar con la polémica sobre el tipo de drogas que se estaban empleando, su escasez y el caracter cruel de las ejecuciones.
Los legisladores aprobaron la medida por amplia mayoría y el gobernador republicano Bill Haslam la firmó de inmediato.
Por su parte los que se oponen a la pena de muerte expresaron su rechazo a la medida y consideran que la ley será impugnada ante los tribunales, no solo porque no ofrecen otra opción para el reo, al ser el Estado quien decida electrocutar a un preso condenado a la pena de muerte.
El director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Richard Dieter, dijo a la agencia AP que “ningún estado había ido tan lejos”, al imponer un método como la electrocución.
La decisión se realiza en medio de una gran polémica sobre la pena de muerte generada ante la negativa de laboratorios europeos de vender el fármaco que se utiliza para componer la inyección letal.
Esto generó una escasez por lo que algunos estados optaron por comprar la sustancia a otros laboratorios sin hacer pública su procedencia. La preocupación se acrecentó el mes pasado con la ejecución del prisionero Clayton Lockett, de 38 años, quien supuestamente sufrió una muerte innecesariamente “cruel” por el uso de los nuevos fármacos.