Las prácticas financieras fraudulentas de grandes instituciones financieras en la antesala de la crisis económica de 2008 han comenzado a salir a flote años después de la recesión.
La agencia federal de vivienda de EE.UU. (FHFA) informó haber sellado un acuerdo con el banco JP Morgan Chase para el pago de $5 mil 100 millones de dólares como indemnización por sus manejos hipotecarios “sucios” antes de la crisis económica de 2008.
Hasta ahora la FHFA había decidido esperar por el desenlace de una demanda puesta por el Departamento de Justicia que lleva meses cocinándose contra el gigante bancario y en virtud de cual éste habría accedido a pagar $13 mil millones de dólares de multa.
Pero la agencia, que puso pleito contra JP Morgan y otras 17 firmas financieras hace dos años, decidió no seguir esperando y tomó el litigio en sus propias manos a nombre de las instituciones de préstamo hipotecario del Gobierno, Fannie Mae y Freddie Mac, que reportaron pérdidas multimillonarias debido a la crisis.
Investigadores federales acusaron a JP Morgan de tergiversar la calidad financiera de los préstamos que empleó para crear valores respaldados por hipotecas y venderlos como pan caliente, pero que finalmente estallaron cuando se deshizo la burbuja durante la Gran Recesión.
El Gobierno además está revisando las prácticas y el manejo de activos de otros grandes bancos estadounidenses que también fabricaron valores hipotecarios que eventualmente explotaron, arruinaron a inversionistas y dejaron a millones sin casa.
Entre esas instituciones estarían todas las que pueden haber hecho lo mismo que JP Morgan: Bank of America, Royal Bank of Scotland, Barclays, Wells Fargo, UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs y Morgan Stanley.
Por lo pronto, en otro importante triunfo del Departamento de Justicia en sus pesquisas sobre los préstamos hipotecarios “tóxicos”, un jurado encontró responsable a la unidad Countrywide del Bank of America de haber vendido préstamos que a todas luces eran “chatarra”.
El jurado también halló susceptible de culpabilidad a la exejecutiva de Countrywide Rebecca Mairone. La multa que debará pagar el banco aún está por determinar, pero el Gobierno ha pedido un máximo de casi $850 millones de dólares.
Lo significativo de las investigaciones en curso es que podrían abrir una Caja de Pandora y los bancos serían objeto además de infinidad de demandas de parte de abogados litigantes actuando en nombre de inversionistas perjudicados y dueños de viviendas que las perdieron durante la crisis.
Hasta ahora la FHFA había decidido esperar por el desenlace de una demanda puesta por el Departamento de Justicia que lleva meses cocinándose contra el gigante bancario y en virtud de cual éste habría accedido a pagar $13 mil millones de dólares de multa.
Pero la agencia, que puso pleito contra JP Morgan y otras 17 firmas financieras hace dos años, decidió no seguir esperando y tomó el litigio en sus propias manos a nombre de las instituciones de préstamo hipotecario del Gobierno, Fannie Mae y Freddie Mac, que reportaron pérdidas multimillonarias debido a la crisis.
Investigadores federales acusaron a JP Morgan de tergiversar la calidad financiera de los préstamos que empleó para crear valores respaldados por hipotecas y venderlos como pan caliente, pero que finalmente estallaron cuando se deshizo la burbuja durante la Gran Recesión.
El Gobierno además está revisando las prácticas y el manejo de activos de otros grandes bancos estadounidenses que también fabricaron valores hipotecarios que eventualmente explotaron, arruinaron a inversionistas y dejaron a millones sin casa.
Entre esas instituciones estarían todas las que pueden haber hecho lo mismo que JP Morgan: Bank of America, Royal Bank of Scotland, Barclays, Wells Fargo, UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs y Morgan Stanley.
Por lo pronto, en otro importante triunfo del Departamento de Justicia en sus pesquisas sobre los préstamos hipotecarios “tóxicos”, un jurado encontró responsable a la unidad Countrywide del Bank of America de haber vendido préstamos que a todas luces eran “chatarra”.
El jurado también halló susceptible de culpabilidad a la exejecutiva de Countrywide Rebecca Mairone. La multa que debará pagar el banco aún está por determinar, pero el Gobierno ha pedido un máximo de casi $850 millones de dólares.
Lo significativo de las investigaciones en curso es que podrían abrir una Caja de Pandora y los bancos serían objeto además de infinidad de demandas de parte de abogados litigantes actuando en nombre de inversionistas perjudicados y dueños de viviendas que las perdieron durante la crisis.