Las posiciones irreconciliables entre republicanos y demócratas sobre la política fiscal vuelven a poner al país al borde de una parálisis presupuestaria.
El Congreso y la Casa Blanca disponen ya de menos de 10 días para ponerse de acuerdo sobre el presupuesto de EE.UU. del próximo año fiscal y de no lograrlo el gobierno federal se quedaría sin dinero y muchas de sus funciones se verían el 1ro. de octubre paralizadas.
Aunque los legisladores deben aprobar para el 30 de septiembre una docena de leyes de asignaciones de fondos no es la primera vez que la nación se ve expuesta a igual coyuntura, y entre 1977 y 1980 el gobierno se vio obligado a cerrar temporalmente seis veces, y entre 1981 y 1996 otras nueve.
Las parálisis ocurridas en los 70 y los 80 duraron entre tres y diecisiete días, y la más reciente, entre diciembre de 1995 y enero de 1996. se prolongó durante 21. Pero ahora según algunos temen podría ser peor porque si entonces fueron aprobadas varias asignaciones parciales esta vez ninguna ley ha sido aún promulgada.
La víspera, la Cámara de Representantes dio curso a un proyecto de ley de presupuesto temporal a costa de negarle fondos a la reforma de salud instituida por el gobierno conocida como Obamacare, pero la legislación no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada en el Senado, bajo control de los demócratas.
Como resultado, las agencias gubernamentales ya recibieron instrucciones de que se preparen para la eventualidad de un cierre parcial en virtud del cual solo los empleados considerados esenciales irían a trabajar, aunque por ley algunas dependencias podrían operar con trabajadores sujetos a no recibir momentáneamente su salario.
De acuerdo con la Oficina de Administración y Presupuesto del gobierno, los intocables serían los necesarios para preservar la seguridad nacional, responsabilizarse con las relaciones internacionales, y los que se ocupan de garantizar el pago de beneficios esenciales o de la vida de personas y la protección de propiedades.
En casos anteriores quienes dejaron de percibir salarios fueron después retribuidos de manera retroactiva, pero no hay garantía de que tenga que ser así. Según la ley, ese tiempo no puede ser abonado como vacaciones pagadas.
Aun cuando algunos programas se consideran obligatorios, como la Seguridad Social y la asistencia a los veteranos, los pagos podrían verse demorados por la disminución del personal que los implementa. Con todo, los veteranos seguirían siendo atendidos en los hospitales y las fronteras no dejarían de ser vigiladas.
Los legisladores tendrían que decidir qué parte de su personal resulta esencial, y las veces que esto ha ocurrido el poder judicial ha seguido operando bajo la amenaza de que a las pocas semanas hubiese tenido que cesar. No obstante, las operaciones no directamente pagadas por el Tesoro como el Servicio Postal no se detendrían.
Cuando este año se produjeron drásticos recortes al presupuesto porque el gobierno y el Congreso no se pusieron de acuerdo cómo reducir definitivamente el déficit, el Departamento de Defensa tuvo que enviar a sus hogares con licencia a unos 650 mil empleados civiles durante seis días.
El 2011, durante un amenaza parecida de parálisis, el gobierno anticipó que de alrededor de dos millones de empleados federales, exceptuando los del Servicio Postal, solo unos 800 mil se mantendrían trabajando.
Aunque los legisladores deben aprobar para el 30 de septiembre una docena de leyes de asignaciones de fondos no es la primera vez que la nación se ve expuesta a igual coyuntura, y entre 1977 y 1980 el gobierno se vio obligado a cerrar temporalmente seis veces, y entre 1981 y 1996 otras nueve.
Las parálisis ocurridas en los 70 y los 80 duraron entre tres y diecisiete días, y la más reciente, entre diciembre de 1995 y enero de 1996. se prolongó durante 21. Pero ahora según algunos temen podría ser peor porque si entonces fueron aprobadas varias asignaciones parciales esta vez ninguna ley ha sido aún promulgada.
La víspera, la Cámara de Representantes dio curso a un proyecto de ley de presupuesto temporal a costa de negarle fondos a la reforma de salud instituida por el gobierno conocida como Obamacare, pero la legislación no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada en el Senado, bajo control de los demócratas.
Como resultado, las agencias gubernamentales ya recibieron instrucciones de que se preparen para la eventualidad de un cierre parcial en virtud del cual solo los empleados considerados esenciales irían a trabajar, aunque por ley algunas dependencias podrían operar con trabajadores sujetos a no recibir momentáneamente su salario.
De acuerdo con la Oficina de Administración y Presupuesto del gobierno, los intocables serían los necesarios para preservar la seguridad nacional, responsabilizarse con las relaciones internacionales, y los que se ocupan de garantizar el pago de beneficios esenciales o de la vida de personas y la protección de propiedades.
En casos anteriores quienes dejaron de percibir salarios fueron después retribuidos de manera retroactiva, pero no hay garantía de que tenga que ser así. Según la ley, ese tiempo no puede ser abonado como vacaciones pagadas.
Aun cuando algunos programas se consideran obligatorios, como la Seguridad Social y la asistencia a los veteranos, los pagos podrían verse demorados por la disminución del personal que los implementa. Con todo, los veteranos seguirían siendo atendidos en los hospitales y las fronteras no dejarían de ser vigiladas.
Los legisladores tendrían que decidir qué parte de su personal resulta esencial, y las veces que esto ha ocurrido el poder judicial ha seguido operando bajo la amenaza de que a las pocas semanas hubiese tenido que cesar. No obstante, las operaciones no directamente pagadas por el Tesoro como el Servicio Postal no se detendrían.
Cuando este año se produjeron drásticos recortes al presupuesto porque el gobierno y el Congreso no se pusieron de acuerdo cómo reducir definitivamente el déficit, el Departamento de Defensa tuvo que enviar a sus hogares con licencia a unos 650 mil empleados civiles durante seis días.
El 2011, durante un amenaza parecida de parálisis, el gobierno anticipó que de alrededor de dos millones de empleados federales, exceptuando los del Servicio Postal, solo unos 800 mil se mantendrían trabajando.