La violencia desatada por el Gobierno venezolano desde hace más de un mes contra manifestantes pacíficos en ese país alcanza el punto de ebullición en Washington.
La Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos elevaron esta semana el tono de sus pronunciamientos y los legisladores en Washington pasaron a la acción para detener la violencia gubernamental contra las protestas populares en Venezuela.
EE.UU. dio relieve a su preocupación de que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro no quiere respetar los derechos humanos, evitar la violencia y comprometerse a un diálogo democrático con la oposición.
Tras acusar a Venezuela de inventar “conspiraciones” echando la culpa a EE.UU. de lo que sucede en el país, el vicepresidente Joe Biden dijo que la postura de Maduro “no es lo que se espera de las democracias comprometidas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con la Carta Interamericana”.
El secretario de Estado, John Kerry, llamó a Maduro a detener la “campaña de terror” desatada contra su propio pueblo, respetar los derechos humanos, y destacó que el mejor escenario en Venezuela sería que pueda lograrse “un tipo de diálogo” con la oposición que encuentre salida a la crisis del país.
Pero en una audiencia en el Congreso precisó que EE.UU. está listo si es necesario para invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA e imponer sanciones al Gobierno venezolano.
Pasando de las palabras a la acción, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., Bob Menéndez, puso en marcha un proyecto de ley con abrumador apoyo que pone en claro que la violencia del régimen de Maduro exige una respuesta “potente y rápida" de EE.UU.
La legislación bipartidista en pro de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, entre otras cosas, da fondos para “apoyar a las organizaciones democráticas de la sociedad civil, ayudar a los medios de comunicación independientes, y fortalecer el buen gobierno y el imperio de la ley”.
En la Cámara de Representantes, los congresistas se pronunciaron en términos muy duros contra la extrema violencia y la represión llevadas a cabo por fuerzas del presidente Maduro contra manifestantes pacíficos en Caracas y otras ciudades de Venezuela.
La respuesta dada por el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara fue la aprobación de un proyecto llamado Ley de Libertad Venezolana y Solidaridad Democrática presentado por su presidenta, Ileana Ros-Lehtinen.
La legislación pide al presidente Barack Obama negar visas de ingreso a EE.UU. a funcionarios venezolanos que hayan cometido violaciones de derechos humanos en su país, bloquearles sus propiedades, congelarles sus bienes y prohibirles transacciones financieras con entidades estadounidenses.
El proyecto también demanda reducir todavía más las importaciones de petróleo de Venezuela, entre cuyos principales compradores de crudo sigue figurando Estados Unidos.
Como antesala a las acciones emprendidas por el Congreso, el jefe del Comando Sur de EE.UU., general John Kelly declaró que a falta de un diálogo político antes de que la violencia quede fuera de control en Venezuela, el país se encamina hacia una “catástrofe”, lo que preocupa mucho a Washington.
EE.UU. dio relieve a su preocupación de que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro no quiere respetar los derechos humanos, evitar la violencia y comprometerse a un diálogo democrático con la oposición.
Tras acusar a Venezuela de inventar “conspiraciones” echando la culpa a EE.UU. de lo que sucede en el país, el vicepresidente Joe Biden dijo que la postura de Maduro “no es lo que se espera de las democracias comprometidas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con la Carta Interamericana”.
El secretario de Estado, John Kerry, llamó a Maduro a detener la “campaña de terror” desatada contra su propio pueblo, respetar los derechos humanos, y destacó que el mejor escenario en Venezuela sería que pueda lograrse “un tipo de diálogo” con la oposición que encuentre salida a la crisis del país.
Pero en una audiencia en el Congreso precisó que EE.UU. está listo si es necesario para invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA e imponer sanciones al Gobierno venezolano.
Pasando de las palabras a la acción, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., Bob Menéndez, puso en marcha un proyecto de ley con abrumador apoyo que pone en claro que la violencia del régimen de Maduro exige una respuesta “potente y rápida" de EE.UU.
La legislación bipartidista en pro de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, entre otras cosas, da fondos para “apoyar a las organizaciones democráticas de la sociedad civil, ayudar a los medios de comunicación independientes, y fortalecer el buen gobierno y el imperio de la ley”.
En la Cámara de Representantes, los congresistas se pronunciaron en términos muy duros contra la extrema violencia y la represión llevadas a cabo por fuerzas del presidente Maduro contra manifestantes pacíficos en Caracas y otras ciudades de Venezuela.
La respuesta dada por el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara fue la aprobación de un proyecto llamado Ley de Libertad Venezolana y Solidaridad Democrática presentado por su presidenta, Ileana Ros-Lehtinen.
La legislación pide al presidente Barack Obama negar visas de ingreso a EE.UU. a funcionarios venezolanos que hayan cometido violaciones de derechos humanos en su país, bloquearles sus propiedades, congelarles sus bienes y prohibirles transacciones financieras con entidades estadounidenses.
El proyecto también demanda reducir todavía más las importaciones de petróleo de Venezuela, entre cuyos principales compradores de crudo sigue figurando Estados Unidos.
Como antesala a las acciones emprendidas por el Congreso, el jefe del Comando Sur de EE.UU., general John Kelly declaró que a falta de un diálogo político antes de que la violencia quede fuera de control en Venezuela, el país se encamina hacia una “catástrofe”, lo que preocupa mucho a Washington.