Solo durante el 2019 el Instituto de Medicina Legal de El Salvador atendió cerca de 3,000 reconocimientos por violencia sexual en menores de edad.
Esta realidad preocupa a instituciones que defienden los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en el país centroamericano, ya que es una cifra alarmante y las políticas públicas del país no están abordando el problema.
Yesenia Segovia de Plan Internacional El Salvador, explicó que, “la violencia sexual es un fenómeno reiterativo (en el país) y que afecta sobre todo a poblaciones [de] niñas, adolescentes, mujeres que están en mayor riesgo”.
Al cierre de 2019 el Ministerio de Salud junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas reportó más de 19.000 embarazos en menores entre los 10 y 18 años, es decir un aproximado del 15 por ciento del conteo nacional.
Para algunas instituciones y colectivos que defienden los derechos de las mujeres las raíces de este problema están en la cosificación de la mujer salvadoreña y en naturalizar la violencia en todas sus formas. Los resultados de estos abusos van desde embarazos prematuros hasta graves secuelas psicológicas.
“Que niñas de 10 años a 14 años estén embarazadas debería ser un problema de salud pública y que se atienda como tal, como violencia sexual”, explicó Amanda Quijano del Colectivo Feminista.
Además dijo que para que de los 19.000 embarazos adolescentes, 781 sean exclusivamente de niñas entre 10 y 14 años es un reflejo alarmante del problema que pasa en el país.
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Menores de edad víctimas de violencia sexual
Quijano hizo referencia a otro componente fundamental que agudiza la crisis y es el hecho que este tipo de violencia sexual ha sido y es ignorada por las instituciones del estado salvadoreño: “Las instituciones del Estado deberían prevenir la violencia que estos niños y niñas sufren (…) Deberían también darle acceso a la información de cómo prevenir abusos”.
Pero no solo es el estado el responsable de los abusos, ya que muchos de ellos se dan en el seno de la familia, casi siempre el abusador tiene parentesco con el menor, aunque no en todos los casos, si en un gran porcentaje.
Suicidio y depresión
Otras de las secuelas de estos abusos se pueden manifestar de distintas maneras como conductas autodestructivas, consumo de drogas e incluso el suicidio.
“La principal causa de muerte en ese grupo etario es el suicidio. Entonces vemos una crisis de salud mental muy fuerte”, afirmó Aleida Marroquín Parducci, Ginecóloga Obstetra.
También sostiene que como sociedad todos deberíamos cuestionarnos cuánta violencia hay detrás de un embarazo en una adolescente y cómo estamos fallando en la red de apoyo y cuidado de las menores.
“Es algo innegable, está en la encuesta de salud familiar, en los reportes que presentan organismos como Naciones Unidas. Es una realidad terrible por la implicación de violencia”, enfatizó Marroquín Parducci.
La profesional ahondó en los riegos o secuelas del embarazo en adolescente, empezando por la muerte (ya sea por suicidio como mencionó antes) o por el hecho de que físicamente su cuerpo no está preparado para sobrellevar un embarazo.
“Hay riesgos porque la pelvis está inmadura, los bebés no se desarrollan bien, porque se le puede subir la presión o deteriorarse metabólicamente e incluso perder la vida por complicaciones en el parto”, enumeró la doctora.
Keyla Cáceres, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) cuestionó al Estado salvadoreño, recordándole que tiene una deuda en este rubro. Opinó además la experta que si bien es cierto administraciones anteriores trabajaron un mínimo por el tema y dejaron que la corrupción alcanzara a cada institución relacionada con él, la actual administración lo ha ignorado por completo.
“…Este gobierno ha hecho una reducción en el presupuesto de las unidades de la mujer en la policía que, estaban encargadas de brindar una atención oportuna para las víctimas de violencia de género y sexual”, puntualizó Cáceres entre algunos de los temas que les preocupan del gobierno presidido por Nayib Bukele.
La reducción del presupuesto al mismo ISDEMU y a otras instituciones enfocadas en la defensa de los derechos de las mujeres -dice Cáceres- serán uno de sus reclamos para la marcha del próximo 8 de marzo en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
“Consideramos que, si seguimos sin tener un presupuesto justo para la atención, continuamos siendo ciudadanas de segunda categoría”, concluyó.
Las entrevistadas coinciden que para reducir la violencia sexual y otros tipos de violencia hacia la mujer es necesaria la creación de una política de prevención, presupuesto adecuado para los programas y mayor sensibilización sobre el tema.
Por su parte el gobierno de El Salvador no ha dado aún un pronunciamiento sobre este tema. La VOA intentó obtener la opinión de la representante del Ministerio de Salud de El Salvador, pero no se obtuvo respuesta.