El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pidió el martes al Congreso una nueva prórroga del régimen de excepción que mantiene suspendidos derechos constitucionales desde hace más de años con una política de mano dura contra las pandillas, a las que acusa de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país centroamericano.
Esta es la décimosexta prórroga que solicita el gobierno de ese régimen, que se aplica desde fines de marzo de 2022, en medio de preocupaciones y denuncias de organismos de derechos humanos.
“Con el régimen de excepción, los salvadoreños viven en paz. Les hemos dado esperanza y libertad de movilizarse con seguridad a diferentes sitios. Lo logramos luego de haber perdido generaciones por la cobardía de los gobiernos anteriores”, reiteró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sobre los argumentos que esgrime el gobierno para restringir derechos como el de representación de abogado para los detenidos o el de asociación.
Villatoro oficializó el pedido ante el Congreso, que debe pronunciarse con la aprobación o rechazo de la medidas. Hasta ahora, el Legislativo de mayoría oficialista no ha negado a la renovación del régimen de excepción, que ya se extiende por 472 días.
También lea Violencia, maras y "mano dura" ¿Qué está pasando en Honduras y por qué se habla de un "efecto Bukele"?Cada mes, es necesario solicitar la prórroga. La extensión anterior aprobada el 14 de junio vence el sábado 15 de julio. Si la nueva prórroga iniciase el 16 de julio, estaría vigente hasta el 14 de agosto.
El gobierno de Bukele también presentó ante el Congreso una iniciativa para reformar Ley Especial Contra el Crimen Organizado para aumentar en dos tercios la pena máxima de 45 años de prisión contra los cabecillas de estas estructuras criminales conocidas como maras o pandillas.
También pidió aprobar disposiciones transitorias para procesar a los capturados durante el régimen de excepción “por estructuras”. Las pandillas están formadas por grupos o clicas y el gobierno buscan poder enjuiciarlos de forma conjunta.
Según la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar, “si continúan las circunstancias que la motivaron”.
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