El gasto por tener un familiar detenido en el régimen de excepción de El Salvador

A media mañana del 21 de junio, en el penal “La Esperanza”, conocido como Mariona, Carlos Menjívar buscaba obtener información sobre su hijo Alfredo, un bachiller graduado en estudios de programación y software en El Salvador.

El joven de 20 años fue detenido el 7 de junio en la zona rural de San Martín, a 20 kilómetros de la capital salvadoreña, durante la segunda prórroga del régimen de excepción instaurado desde el 27 de marzo.

Sentado en la acera donde paran los buses que circulan a un costado del penal, Carlos espera por un bus que lo lleve a la oficina del defensor público que lleva el caso de su hijo. En casa, el hijo menor de Carlos cuida a su madre, quien tiene constantes ataques de nervios tras la captura de Alfredo.

“La economía de nosotros se truncó ya (...) ¿Cómo puedo trabajar? Pidiendo dinero prestado he andado”, dijo Carlos a la Voz de América.

Consternado, este obrero de la construcción, recuerda que los agentes que llegaron a su casa, mientras él cortaba hierro con su hijo, reconocieron no tener motivo para detenerlo. Revisaron el teléfono celular del joven y dijeron: “Está limpio”. Sin embargo, insistieron en llevárselo porque según ellos había que investigarlo.

Carlos logró saber dónde estaba recluido Alfredo, tras cuatro días de búsqueda. Primero, el joven fue llevado a la delegación de policía de San Martín, luego trasladado a la delegación de Ilopango y finalmente al penal de Mariona.

Ayudar a un reo puede costar hasta 150 dólares

Las vendedoras que se encuentran afuera del penal ofrecen productos para armar paquetes de higiene y comida para los detenidos, pues el gobierno salvadoreño ha racionado la comida a dos tiempos y además ha dicho que “se revisará el menú para que sea de menor costo”.

Ante ello, los familiares de los detenidos no tienen otra opción que armar paquetes de alimentos que, al menos, incluyan avena, cereal y leche en polvo. Además de artículos para la higiene personal.

Estos paquetes no están previamente armados sino que se llenan dependiendo del presupuesto de la familia del detenido.

Hay familias que apenas tienen 30 dólares para armar un paquete. Otras logran pagar hasta 80 dólares e incluso 150 dólares, esperando que les dure tres meses.

Los paquetes están compuestos por artículos de primera necesidad como alimentos, toallas, jabón de baños, etc. [Foto Karla Patricia Arévalo/VOA].

Carlos compró un paquete de 75 dólares. “El gasto en comida es poco. Lo que más dinero cuesta es la ropa y los artículos de higiene personal”, dijo a la VOA.
Pero, sin un trabajo fijo del cual obtener ingresos, estos gastos son insostenibles.
El salario mínimo en El Salvador ronda los 365 dólares al mes, es decir unos 12 dólares diarios. Pero Carlos no tiene trabajo fijo, pues su oficio de albañil depende de que haya proyectos de construcción.

“Por estas fechas, en dos o tres días llegan los recibos del agua y la luz (electricidad)”, explicó. “Esto es insostenible para nosotros”, lamentó tras recordar que por el servicio de agua potable paga $2,40 al mes y entre $18 y $20 por la luz eléctrica.

Desde el 7 de junio, Carlos no trabaja en ninguna obra de construcción, pues todo el tiempo se le ha ido en visitar delegaciones policiales y centros penitenciarios. Primero, para averiguar dónde estaba su hijo y luego para enterarse cuándo será presentado ante los tribunales.

Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, explicó a la Voz de América que la organización ha encontrado que el régimen de excepción ha provocado en las familias de los detenidos impactos como la “pérdida de recursos para la subsistencia”, “desmejora en las condiciones de vida”, “disminución de ingresos e inversión de tiempo” e “impacto en la salud física y emocional”.

“El impacto del régimen de excepción… es más palpable en las mujeres, madres, esposas, abuelas, novias, que son las que están cargando más con los problemas”, asegura Ábrego. Esto se debe a que el detenido era el “jefe de hogar” y aportaba la mayoría de los ingresos económicos. “Como consecuencia de la detención, los detenidos han perdido incluso el empleo”, señaló.

Las mujeres dedican su tiempo a los hijos y a atender problemas de salud, alimentación y educación de los menores de edad, sin tener dinero suficiente para cubrir las necesidades de sus hijos e hijas, señaló Ábrego.

El tiempo que las personas invierten en investigar el paradero de sus familiares detenidos y movilizarse para obtener los documentos que se requieren para comprobar los arraigos familiares, resta tiempo para trabajar, lo que reduce los ingresos de las familias de los detenidos.

Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal

Afuera de Mariona, la Voz de América habló con mujeres que llegaron a dejar paquetes para sus familiares detenidos, desde municipios no tan lejanos como Soyapango, en San Salvador y desde Ahuachapán, departamento fronterizo con Guatemala.

La mayoría viven de la venta ambulante y dejan de tener ingresos con tal viajar de penal en penal para preguntar si su familiares detenidos están ahí.

Además del impacto económico en las familias de los detenidos, explicó Ábrego, estas tienen también que cargar con daños físicos y emocionales. Pues hay “traumas ocasionados por la forma en que fue la captura (...), pero también por la desesperación por ver a su familiar detenido y por las situaciones que están pasando en las cárceles, con el temor a que (su familiar) vaya a fallecer”.

El jueves 23 de junio, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la representante de Cristosal, Zayra Navas, dijo que en sus registros tienen información de 52 personas que fallecieron en cárceles salvadoreñas tras haber sido recluidas durante el régimen de excepción.

La esperanza es poca

Carlos aseguró que el defensor público de su hijo, asignado por la Procuraduría General de la República (PGR), le dijo que presentar documentos de arraigo y descargo “no sirve de nada, si cuando son presentados al juez, ni siquiera los ve”.

Los documentos de arraigo son títulos, cartas, constancias y antecedentes con los que los abogados intentan comprobar ante los jueces que la persona capturada tenía un trabajo u ocupación y que no pertenecía a pandillas.

“El día que capturaron a mi hijo, capturaron a unos bolitos (alcohólicos consuetudinarios), que uno los conoce y no hacen nada. (…) Bien arbitrario cómo hacen esto”. Ese es el reclamo de Carlos, quien reconoce que en el cantón donde vive, antes de la detención de su hijo, habían sido detenidos varios pandilleros.
El 14 de junio, la organización defensora de derechos humanos Cristosal presentó un informe de denuncias de violaciones a garantías legales de víctimas durante el segundo periodo del estado de excepción comprendido desde el 27 de abril al 25 de mayo.

Los primeros dos meses de vigencia del régimen, Cristosal recibió 743 denuncias de violaciones a derechos humanos y garantías judiciales.
Cristosal cuestionó que “hasta la fecha no han sido detenidos los principales responsables de la ola de violencia que provocó la muerte de 87 salvadoreños entre el 25 y 27 de marzo”, y por lo cual se instauró el régimen de excepción en El Salvador, según las autoridades.

Nota: Los nombres de Carlos Menjívar y su hijo Alfredo han sido usados para omitir los nombres reales de esta familia para proteger su seguridad, a petición del entrevistado.

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