Alex Saab se reunió con agencias de Estados Unidos, según socio

Un empresario acusado de embolsarse millones de dólares provenientes de contratos estatales en Venezuela se reunió clandestinamente con agencias policiales estadounidenses para darles información sobre el gobierno de Nicolás Maduro, antes de ser procesado en 2019, según documentos pertinentes a otro caso judicial.

Bruce Bagley, quien antes de ser arrestado en 2019 era un experto en el tema de la delincuencia organizada en Latinoamérica, será sentenciado la semana entrante en un tribunal de Manhattan, con base en acusaciones de lavado de dinero a raíz de pagos por casi 3 millones de dólares que recibió del empresario Alex Saab.

En su pedido de clemencia, el abogado de Bagley argumentó que a su cliente se le dijo que el dinero, la mayor parte del cual fue depositado en la cuenta bancaria de un intermediario no identificado, era paga ocultar pagos a abogados en Estados Unidos que acompañaron a Saab a reuniones con funcionarios de la inteligencia norteamericana, a quien Saab dio información sobre el gobierno venezolano.

“No ha sido refutado”, escribió el abogado Peter Quijano, en un memorándum de 27 páginas fuertemente censurado y presentado el miércoles. Dijo que Saab y el intermediario crearon “este método de transferencia de fondos a fin de ocultarle al gobierno de Venezuela los pagos de Saab a abogados en Estados Unidos”.

Saab fue extraditado el mes pasado a Estados Unidos desde Cabo Verde, tras una dilatada batalla legal.

Estados Unidos considera a Saab, quien nació en Colombia, como la figura más emblemática de la corrupción en Venezuela, alguien que lucró enormemente de contratos oficiales para importar alimentos, mientras gran parte de la población venezolana se hunde en el hambre y la pobreza. El gobierno de Nicolás Maduro lo considera un diplomático venezolano que fue “secuestrado” durante una misión humanitaria.

No se sabe exactamente qué se discutió en esas reuniones, que hasta ahora no habían sido divulgadas, ni si Saab ofreció información sólida o si simplemente usó la oportunidad para averiguar sobre las investigaciones que las autoridades estadounidenses han abierto en su contra.

Sin embargo, los argumentos de Bagley son congruentes con lo relatado por tres fuentes familiarizadas con la investigación contra Saab, de que éste se reunió con funcionarios federales estadounidenses, inclusive de la DEA, varias veces en Colombia y en Europa, antes de ser acusado en 2019. Las tres fuentes hablaron con The Associated Press a condición de anonimato.

Es común que agentes estadounidenses se reúnan con sospechosos en otros países, tratando de reclutarlos para que informen sobre delincuentes mayores a cambio de confidencialidad o penas reducidas.

Sin embargo, reunirse con agentes norteamericanos acarrearía riesgos graves para Saab, dadas sus relaciones estrechas con la élite venezolana, inclusive la propia familia de Maduro.

La fiscalía federal en Miami acusó a Saab en 2019 de lavado de dinero, en conexión con un supuesto esquema de sobornos que le valió más de 350 millones de dólares pertenecientes a un proyecto de vivienda para sectores de bajos ingresos en Venezuela.

Aparte de eso, el gobierno estadounidense anterior, encabezado por Donald Trump, le impuso sanciones a Saab en relación con denuncias de que usó una serie de empresas fantasma en distintas partes del mundo —Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México— para ocultar enormes ganancias provenientes de contratos para la importación de alimentos a precios inflados. Varios socios de Saab, entre ellos un veterano socio de negocios suyo y un gobernador provincial del partido oficialista, fueron procesados el mes pasado, acusados de estar involucrados en esa trama.

Algunos de los contratos de Saab fueron obtenidos pagándoles sobornos a los hijos adultos de la primera dama venezolana Cilia Flores, alegó el gobierno de Trump cuando anunció las sanciones. Los tres hijos de Flores —de una relación anterior y apodados comúnmente “Los Chamos”— también están siendo investigados por la fiscalía de Miami.

Ni Henry Bell —un abogado de Saab— ni la fiscalía federal de Miami —que tiene a cargo la investigación pertinente— respondieron a mensajes pidiéndoles su comentario.

El rol de Bagley en el supuesto esquema de sobornos de Saab parece haber sido relativamente menor.

Saab inicialmente contrató a Bagley para que le ayudara a conseguir una visa de estudiante para su hijo y luego le pidió asesoramiento sobre inversiones en Guatemala, según los fiscales. A partir aproximadamente de noviembre de 2017, Bagley empezó a recibir pagos mensuales de alrededor de 200.000 dólares de una supuesta compañía de alimentos en Emiratos Árabes Unidos y más fondos de una cuenta en Suiza.

Bagley transfirió entonces el 90% de ese dinero a cuentas controladas por un informante bajo la creencia de que sería remitido a los abogados de Saab en Estados Unidos, pero Bagley retenía el 10% como comisión y siguió aceptando el dinero incluso después de que una de sus cuentas fue cerrada por actividad sospechosa. En total, según la fiscalía, recibió unos 3 millones de dólares.

El nombre del informante fue tachado en el memorándum para proteger su identidad, pero en el caso del año pasado en que se declaró culpable, Bagley lo identificó como Jorge Luis Hernández, alias Boli, un veterano informante antinarcóticos estadounidense de su país natal Colombia quien también ha servido de intermediario entre los narcos y abogados defensores en Estados Unidos.

Bagley, experto en el mundo del hampa colombiana, había ofrecido declaraciones en apoyo a Hernández cuando solicitó asilo en Estados Unidos, argumentando que sería asesinado si era deportado a Colombia, donde tenía vínculos con los paramilitares que controlaban el tráfico de drogas en la costa caribeña.

A lo largo de los años, Hernández ofreció a Bagley cuantiosos contratos para prestar servicios de consultoría a varios políticos latinoamericanos, entre ellos un gobernador en Colombia vinculado a los paramilitares y a un candidato presidencial paraguayo no identificado.

En una ocasión en 2019, Bagley viajó a Nueva York para reunirse con Luis Domínguez Trujillo, aspirante a la presidencia dominicana y nieto del finado dictador de ese país caribeño, Rafael Trujillo. Bagley no lo sabía, pero el encuentro estaba siendo vigilado bajo órdenes de fiscales de Nueva York.

“Sin embargo, el doctor Bagley, quien no estaba motivado por la posibilidad de ganar un gran monto de dinero, rechazó la oferta (de Boli) de trabajar para un político cuestionado, frustrando el intento (de Boli) de conseguir un informante”, escribió Quijano.

Cuando Bagley finalmente cedió a los pedidos de Hernández, pensó que era para proteger a Saab de una posible represalia por parte de personas poderosas en Venezuela en caso de que éstas llegaran a creer que él estaba cooperando con las autoridades norteamericanas.

“La inquietud no era que Estados Unidos se enterara de estos pagos sino de que individuos en el gobierno de Venezuela o su entorno los descubrieran”, escribió Quijano. “Saab coincidió (con Boli) en que su relación financiera podría poner nerviosas a personas poderosas en Venezuela, a la luz de sus relaciones estrechas con funcionarios del gobierno allá. Por esa misma razón Saab no podía pagar directamente a sus abogados en Estados Unidos”.

Sin embargo, los fiscales insisten en que Bagley sabía que los fondos eran producto de la corrupción, sacados de dineros públicos “robados a una de las poblaciones más pobres y más vulnerables del mundo”.

“Sí, es corrupción”, dijo el profesor a Hernández en una conversación grabada en diciembre de 2018, añadiendo que él sabía que Saab estaba profundamente involucrado en la importación de alimentos a Venezuela. “Están importando los productos de peor calidad a precios inflados, llenándose los bolsillos”.

Los fiscales argumentan que Bagley, en sus encuentros con las agencias policiales, no ha mostrado arrepentimiento alguno y que ni siquiera ha reconocido su participación en alguna conducta delictiva. Aun así, le han pedido al juez Jed Rakoff imponerle una sentencia menor a la reglamentaria, de entre 46 y 57 meses de cárcel, debido a su edad (75 años) y su delicado estado de salud.

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