El 73% de los nicaragüenses opina que las detenciones de los considerados presos políticos en Nicaragua son “injustas” y hasta el 70% que los juicios políticos de los 167 prisioneros de conciencia en las cárceles bajo las órdenes del gobierno de Daniel Ortega deben ser anulados y los detenidos deben ser puestos en libertad.
Solo un 20% de los que respondieron en una reciente encuesta de la firma independiente CID Gallup cree que deberían ser juzgados.
La socióloga María Teresa Blandón dijo a la Voz de América que los datos arrojados por la encuesta, que consultó a un total de 1.000 ciudadanos nicaragüenses, se aproximan al sentir de la sociedad en su totalidad.
“Desde antes de las elecciones (del 7 de noviembre) había ya un sentimiento contrario a las detenciones y los juicios que se les ha montado a los más de 160 presos y presas políticas en Nicaragua”, dijo Blandón.
Ella considera que aunque “es una aproximación, tiene un alto nivel de credibilidad esta encuesta y podemos asumir que la mayoría de la sociedad nicaragüense no cree en las acusaciones que la fiscalía ha hecho a estos ciudadanos”.
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La encuesta también refleja que los presos Juan Sebastián Chamorro, detenido en “el nuevo Chipote”, y Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliario, ambos precandidatos presidenciales, lideran las opiniones favorables de las personalidades políticas del país, mientras los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo encabezan los índices más altos de opiniones negativas.
También lea La CIDH denuncia que Daniel Ortega ha convertido a Nicaragua en “un Estado policial de facto”Ciudadanos consultados por la VOA en las calles de Managua coinciden con los resultados de la encuesta.
“Los presos políticos están detenidos injustamente y merecen estar en libertad, merecen estar con sus familias, merecen pasar la navidad y las fiestas de fin de año con sus seres queridos”, dijo Franklin Martínez, comerciante del mercado Oriental de Managua.
En las cárceles de Nicaragua hay al menos 160 personas consideradas reos de conciencia.
De ellos, 40 fueron detenidos entre finales de mayo y octubre y otros 27 en noviembre, entre los que se encuentran siete precandidatos presidenciales, líderes cívicos, periodistas, empresarios, activistas de derechos humanos, estudiantes y exdiplomáticos.
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