El enviado especial de Naciones Unidas para Colombia respaldó el martes el plan de respuesta rápida con el que el gobierno de Gustavo Petro busca impulsar la implementación del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
“Es un nuevo instrumento que debería servir para dinamizar la implementación” del acuerdo, dijo Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de la ONU, ante el Consejo de Seguridad reunido en Nueva York, en la sesión en la que revisa trimestralmente la aplicación del acuerdo de paz.
El gobierno colombiano ha considerado que la puesta en marcha de lo acordado con la antigua guerrilla en 2016 ha tenido una ejecución lenta, especialmente en puntos medulares como la reforma rural que pretendía repartir más equitativamente tierras fértiles, un histórico reclamo en el país, por lo que elaboró un “plan de choque” que busca acelerar su implementación.
“Acojo con satisfacción los primeros indicios de que el plan se centrará firmemente en la reforma rural para transformar las regiones afectadas por conflictos, así como en reforzar las garantías de seguridad”, señaló Ruiz Massieu.
El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, aseguró ante el Consejo de Seguridad que el nuevo plan se construyó luego de que identificaran obstáculos para la implementación del acuerdo de paz como la falta de capacidades institucionales y la insuficiencia de recursos económicos.
También lea Colombia extiende cese al fuego con disidentes de las FARC que continúan en la mesa de diálogoMurillo explicó que el nuevo plan —divulgado el martes— pretende implementar un esquema de transformación de territorios, acelerar el acceso a tierras de la reforma rural, fortalecer el enfoque de seguridad —especialmente para las víctimas del conflicto, los firmantes de la paz y defensores de derechos humanos— e impulsar en el Congreso leyes que permitan implementar el acuerdo.
El plan de respuesta rápida detalla que pedirán al Congreso aprobar nuevas leyes como una reforma política y otra para el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de hoja de coca, materia prima de la cocaína. El gobierno no cuenta con las mayorías garantizadas en el legislativo, pero está promoviendo un acuerdo político para lograrlo.
El nuevo plan estará a cargo del Ministerio del Interior, con lo que la implementación del acuerdo tendrá una instancia responsable, como habían insistido en sesiones pasadas algunos miembros del Consejo de Seguridad.
Según el documento divulgado por el gobierno, el plan busca focalizar los esfuerzos y los recursos en proyectos que den resultados, especialmente en el corto plazo, en los lugares más afectados por el conflicto armado que se prolongó por cinco décadas.
Murillo defendió el esfuerzo por dar un nuevo impulso al acuerdo de paz con las ex FARC y lo calificó como la “base de la construcción de paz en el país”, en un momento “decisivo” para la ambiciosa política de paz de Petro, que incluye diálogos simultáneos con otros grupos armados que persisten en el país.
El canciller añadió que el gobierno es optimista en poder avanzar en la mesa de negociación con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, con el que Petro suspendió indefinidamente el diálogo desde septiembre en rechazo a un ataque con explosivos que cobró la vida de tres militares e hirió a más de 26.
Sobre el estancamiento de las negociaciones con el ELN, el enviado especial de la ONU lamentó que desde que las partes volvieron al enfrentamiento armado se duplicó el número de muertos y heridos en ambos lados, en comparación con todo el año en el que rigió un cese al fuego bilateral.
Sin embargo, Ruiz Massieu celebró que tanto el gobierno como el ELN hayan expresado recientemente su voluntad de reunirse. “Confío en que las partes aprovechen esa oportunidad para empezar a recuperar el impulso de un proceso que había avanzado de forma prometedora antes de llegar a este punto muerto”, agregó.
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