El gobierno español presentó el miércoles una impugnación legal a la decisión del parlamento regional de Cataluña de iniciar un proceso para independizarse de España en 2017.
La abogada del estado presentó la reclamación ante el Tribunal Constitucional, y el gobierno pidió a la corte que suspendiera la decisión del parlamento catalán mientras se estudia. El gobierno también quiere que el Tribunal Constitucional alerte a las autoridades catalanas en contra de dar nuevos pasos en el proceso de secesión.
El Tribunal tenía previsto reunirse más tarde el miércoles, y se espera una decisión rápida.
La propuesta aprobada el lunes en el parlamento regional en Barcelona da un mes al próximo gobierno de la región, una potencia económica en España, para que empiece a trabajar en una nueva constitución catalana que debería votarse en 2017, así como para comenzar a establecer sistemas de seguridad social y recaudación de impuestos.
También exime al gobierno regional de rendir cuentas a las instituciones españolas, incluido el Tribunal Constitucional.