Los dirigentes de dos grupos independentistas de Cataluña —Jordi Sánchez y Jordi Cuixart—entraron este martes a una prisión en Madrid, por orden de una jueza que investiga su papel como “principales promotores y directores” del controvertido referendo separatista.
El encarcelamiento de Sánchez, presidente de la asociación Asamblea Nacional Catalana, y de Cuixart, presidente de la organización Ómnium Cultural, suscitó de inmediato indignación en Barcelona, la capital de Cataluña. Las personas inconformes hicieron sonar ollas y cacerolas, tocaron las bocinas de sus vehículos y aplaudieron en las calles.
La jueza Carmen Lamela emitió su orden casi 12 horas después de que venciera el lunes el plazo para que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, aclarara si había declarado la independencia de la región, cosa que no hizo.
Puigdemont tiene ahora hasta el jueves para dar marcha atrás a cualquier medida que Cataluña haya adoptado tendente a la secesión. Si se niega a hacerlo, el gobierno español ha dicho que usará sus facultades constitucionales para restringir o revocar la autonomía de Cataluña.
La jueza ordenó que Sánchez y Cuixart estén encarcelados mientras se investiga su papel en la organización de las movilizaciones del 20 y 21 de septiembre en Barcelona. La policía española arrestó a varios funcionarios catalanes y allanó oficinas esos días para impedir que se realizara el referendo independentista del 1 de octubre.
En su fallo judicial del lunes, la jueza de la Audiencia Nacional dijo que Sánchez y Cuixart encabezaron las manifestaciones, desatendieron las recomendaciones de la policía de que preservaran la seguridad y contribuyeron a formar un cordón que obstaculizó las labores policiales, entre otras acciones.
Si se les encausa, enjuicia y condena por sedición, podrían ser sentenciados a hasta 15 años de prisión.
Las acciones del jefe de la policía de Cataluña, el mayor Josep Lluís Trapero, y la intendente de la policía regional, Teresa Laplana, también son investigadas. El martes, agentes de la Guardia Civil allanaron el servicio de llamadas de Emergencias de la Generalitat —el gobierno catalán— en Tarragona, en busca de grabaciones y comunicaciones internas realizadas durante el día del referendo, el 1 de octubre, por los Mossos d’Esquadra, la autoridad local.
Sin embargo, la jueza determinó el lunes que Trapero y Laplana permanezcan en libertad con restricciones, entre estas la revocación de sus pasaportes y la orden de que se presenten cada dos semanas ante la corte.
Horas antes, Puigdemont y el presidente del gobierno español Mariano Rajoy intercambiaron cartas sin lograr avances para la solución del conflicto.
El gobierno de Cataluña celebró el referendo pese a la insistencia del gobierno central español de que era ilegal y a que un tribunal los suspendió mientras se consideraba su constitucionalidad.