La línea dura hacia la inmigración ilegal ha sido uno de los principales pilares del gobierno del presidente Donald Trump en estos cuatro años de gobierno. La construcción de un muro en la frontera sur con México se convirtió en la gran promesa de campaña y, con el paso del tiempo, en un símbolo de su programa migratorio.
El aún mandatario sigue marcando distancias frente a los demócratas, que ya han expresado su intención por impulsar una reforma migratoria e intentar dar una salida legal a los más de 11 millones de indocumentados que se calcula que viven en Estados Unidos.
El abogado de inmigración Willy Allen considera que a partir del 20 de enero, cuando Joe Biden asuma como presidente, “se va a abrir una puerta enorme para los millones de personas que están en Estados Unidos sin documentos”.
Más allá de la “suspensión de todas las deportaciones de personas que no son criminales durante 100 días”, la nueva administración Biden-Harris ha basado sus políticas migratorias en otros puntos importantes.
Por un lado, el líder demócrata aseguró que reinstauraría la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), y por otro se comprometió a impulsar un Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para los venezolanos, además de la renovación de este beneficio migratorio para los ciudadanos de Sudán, Nepal, Haití, Nicaragua, Honduras y El Salvador.
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Para Héctor Benítez, otro abogado de inmigración consultado por la Voz de América, la nominación del cubanoamericano Alejandro Mayorkas como secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) es muy significativa.
Él fue quien, durante el mandato de Barack Obama, diseñó el programa de DACA “para poder proteger a todos los soñadores (‘Dreamers’)”, que llegaron ilegalmente a Estados Unidos a una edad muy temprana.
“(Su nominación) da una esperanza bastante grande, porque Alejandro Mayorkas también es un inmigrante de origen cubano, sabe lo que representa el proceso migratorio para cualquier familia en busca de un refugio en otro país. De alguna manera se va a cambiar lo que es el concepto de la criminalización de la migración”, agregaba el experto en declaraciones a la VOA.
En su opinión, el hecho de que haya una mayoría demócrata en ambas cámaras permitirá promover una legislación pertinente para estos jóvenes que, hasta el día de hoy, siguen gozando de una protección migratoria temporal.
Trump y una buena parte de los republicanos se han opuesto al programa de DACA desde sus inicios. El presidente llegó a rescindir el programa a los 700.000 inmigrantes que se beneficiaban, aunque, finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de la administración y obligó al gobierno a desbloquear este programa y renovar los permisos de los soñadores.
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Otro de los grandes proyectos migratorios que Trump firmó durante su gobierno fue el que tenía que ver con los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) que obligaba a los cerca de 60.000 inmigrantes en busca de asilo político a esperar en México la resolución judicial.
El actual mandatario defendió esta política para evitar “grandes flujos” migrantes en el país, una medida más que ponía de manifiesto esa línea dura que ha promulgado a lo largo de estos 4 años de gobierno.
¿Qué va a pasar con ese programa? “No hay una solución inmediata para ellos”, expone el abogado Willy Allen.
“Creo que en los próximos meses, el MPP sí que se va a eliminar, van a haber más jueces en la frontera, van a haber más personas revisando el asilo político en la frontera, y puede ser que volvamos a las deportaciones expeditas del presidente Obama para que aquellas personas que no puedan demostrar un asilo político”, comentó el analista.
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En los últimos tiempos, muchos venezolanos han reclamado más movimientos a Donald Trump para facilitar los trámites migratorios a los compatriotas que llegaban a Estados Unidos huyendo de la crisis política, humanitaria y económica que hay en su país de origen. La solución pasaba por firmar un TPS para los venezolanos, una medida que nunca llegó a materializarse a pesar de las insistentes peticiones por parte de varios grupos del exilio.
Joe Biden sí que se ha comprometido abiertamente a firmar un Estatus de Protección Temporal para estos ciudadanos, incluso por orden ejecutiva, lo que aliviaría las tensiones migratorias y el temor de regresar a Venezuela.
Según Benítez, “no hay excusa en este momento para no otorgar un TPS para los venezolanos”, por lo que considera que hay “altas expectativas” con el nuevo gobierno que ocupe la Casa Blanca para que, por fin, dé luz verde a esta medida.
“Cuál va a ser el contenido de ese instrumento y cuáles van a ser los criterios de elegibilidad se desconocen, pero el simple hecho de que haya una inclusión del TPS me brinda una esperanza muy grande para toda la comunidad venezolana”, subrayó.
La nueva política no supondrá “vía libre a la inmigración”
Algunos miembros del próximo ejecutivo estadounidense ya han señalado que estas políticas migratorias no pretenden dar “un mensaje erróneo” al exterior y que su objetivo es evitar los grandes flujos migratorios y, especialmente, las caravanas que, en otros momentos, se han visto en la frontera.
“Las personas que organizan estas caravanas no lo hacen por razones humanitarias, sino por su dinero y para poner a personas en riesgo. Este no es el momento de hacerlo, es el momento de respetar las leyes de Estados Unidos, ni Trump ni Obama ni Biden ahora han permitido entradas ilegales a Estados Unidos sin un control”, apostilló Allen.