Tres semanas después las protestas masivas del 11 de julio en las calles de Cuba, el Senado de Estados Unidos aprobó el martes una resolución bicameral de condena al gobierno de Miguel Díaz-Canel por la manera en que puso fin a las manifestaciones y en apoyo a quienes se alzaron con gritos de libertad.
Se trata de una condena al gobierno de la isla “por su violencia despiadada contra miles de cubanos que han salido a las calles para exigir pacíficamente democracia y el respeto de sus derechos más fundamentales”.
La resolución fue presentada por el senador de origen cubano Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, quien recibió el poyo unánime del Senado. La iniciativa contó con la negativa inicial del senador republicano por Florida, Rick Scott, quien finalmente se unió a la resolución.
Scott criticó a la administración demócrata en un intercambio con los periodistas: “Me ha decepcionado mucho la Administración Biden con respecto a Cuba, no han hecho nada para que internet vuelva a funcionar”, dijo.
En ese sentido, Menéndez concedió: “Aunque se están dando pasos importantes, es necesario hacer más. El pueblo cubano, en esta hora de incertidumbre y necesidad sin precedentes, requiere nada menos que nuestro apoyo absoluto. Con esta resolución, el Senado sumará su voz a los esfuerzos en curso y reforzará la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo cubano en sus esfuerzos por restaurar la democracia y los derechos humanos en su país”.
También lea Demócratas y republicanos condenan la “respuesta violenta” del Gobierno cubano a las manifestacionesLa semana pasada otra resolución, impulsada también por Menéndez, fue aprobada en el Senado en apoyo a las fuerzas pro-democráticas en Cuba.
La Casa Blanca impuso sanciones bajo la Ley Magnitsky a altos cargos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y principales directivos de la Policía Nacional Revolucionaria, así como a los cuerpos militares que sofocaron las protestas.
Tras los brotes de protestas, las más significativas en las últimas dos décadas en la isla caribeña, las autoridades procedieron a cortar el servicio de Internet, centenares de personas fueron de tenidas y decenas de ellas han sido sancionadas en juicios sumarios, según reportes de medios acreditados en el país.
El gobierno de Díaz-Canel inmediatamente culpó a Washington por el descontento popular y achacó el malestar social al embargo económico impuesto, que data de 1962.