Estados Unidos y Panamá crearán un equipo de trabajo cuyo objetivo será reforzar la capacidad de este país para adoptar medidas contra el lavado de dinero y otros delitos, anunció el lunes la embajada estadounidense en la nación centroamericana tras reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos países.
El nuevo grupo de trabajo incluirá capacitación para fiscales y reguladores panameños por parte de personal del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
“La fuerza de tarea se enfocará en desmantelar redes de lavado de dinero y reforzar las capacidades para investigar y llevar a juicio los casos de corrupción y lavado de dinero”, según un comunicado de la embajada.
El anuncio siguió a reuniones entre el presidente panameño, Laurentino Cortizo, y el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Robert O’Brien, junto con otros funcionarios.
En una extensa entrevista al diario panameño La Prensa, O’Brien indicó que el equipo de trabajo estará integrado por fiscales panameños, funcionarios del sistema de Justicia y reguladores de la industria bancaria que serán entrenados y asesorados por el FBI.
“Este grupo atacará redes de lavado de dinero y se reforzará su capacidad de investigar, detener y procesar delitos relacionados con el lavado de dinero y actos de corrupción, dijo O’Brien a La Prensa. “Su enfoque será primordialmente aquellas áreas que son de mayor preocupación tanto para Estados Unidos como para Panamá, incluyendo la Zona Libre de Colón”.
Dicha zona ha sido utilizada para el lavado de dinero de carteles mexicanos de la droga e incluso por grupos terroristas como Hezbolá. Estados Unidos es consciente de eso y esta grupo buscará combatir ese fenómeno.
“Estados Unidos se ha comprometido en apoyar los esfuerzos de Panamá para reforzar el sistema de justicia y los estamentos de seguridad, con el propósito de detener las actividades ilícitas en el país”, dijo O’Brien.
Otro flagelo que azota, no sólo a Panamá, sino a toda Latinoamérica es la corrupción, y ese tema estará también en el radar de los funcionarios panameños y estadounidenses.
“Esta será también una herramienta encaminada a combatir la corrupción y garantizar el procesamiento judicial de aquellos que se roben los recursos del Estado”, aseguró O’Brien.