Después de combatir por décadas y firmar un acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia, los antiguos guerrilleros de las FARC están construyendo ciudadelas en selvas y montañas para reintegrarse a la sociedad con un modelo comunitario que les permita sobrevivir en un país con una elevada pobreza.
Más de 11.300 integrantes de la poderosa guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre excombatientes, auxiliadores y presos, avanzan en un complejo proceso de reintegración a la sociedad después de que dejaron las armas y conformaron un partido político con base en el acuerdo de paz firmado el año pasado.
La reincorporación es clave para lograr la pacificación del país sudamericano de 50 millones de habitantes y sepultar la huella de sangre, dolor y violencia que durante más de medio siglo cobró 220.000 vidas y dejó millones de desplazados.
La conservadora sociedad colombiana está dividida entre quienes apoyan y rechazan el acuerdo y la reinserción de los excombatientes, mientras la implementación del pacto avanza lentamente.
“Este es un proyecto para generar condiciones de vida digna, donde se le debe garantizar a la gente no solamente la vivienda digna, sino también salud, empleo, educación y todo lo necesario para vivir dignamente como una persona”, dijo el miércoles Federico Montes, uno de los dirigentes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Agua Bonita.
Esta ciudadela está ubicada en medio de una zona de sabanas y selvas del departamento del Caquetá, que por años controlaron las FARC, y cuenta con 65 casas construidas sobre una base de concreto con paredes de placas de cemento y fibra, tejas, ventanas y puertas de aluminio.
El terreno fue arrendado por un particular al Gobierno que tiene la opción de comprarlo y cederlo a los desmovilizados.
La ciudadela de casas blancas y coloridas en donde viven unos 250 excombatientes con sus familias -ahora pertenecientes al naciente partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común- cuenta con biblioteca, puesto de salud, tienda comunitaria, panadería, ebanistería, fábrica de zapatos, cultivos de peces, piña, yuca y plátano.
La seguridad del lugar está a cargo de la policía, apoyada por tropas del Ejército en la zona externa para evitar eventuales ataques de bandas criminales.
Antiguas zonas de confrontación
Cada excombatiente reintegrado aportó al proyecto 340 dólares de los recursos que les entregó el Gobierno al momento de la desmovilización.
Ahora esperan un subsidio de 2.700 dólares del Gobierno a cada uno para invertirlos en proyectos con los que buscan satisfacer las necesidades de la comunidad y vender la producción restante como fuente de capitalización.
La mayoría de personas que empuñaron las armas como guerrilleros de las FARC son personas de origen campesino, por lo que impulsan iniciativas agrícolas, ganaderas y de piscicultura en más de veinte regiones apartadas que hasta hace pocos años fueron escenario de confrontación con las Fuerzas Militares.
Danilo Ortiz, a sus 34 años, trabaja en la fábrica de calzado de la ciudadela después de haber pertenecido dos décadas a las filas guerrilleras y dice que buscan imponer un modelo comunista para cambiar la economía capitalista.
“Tenemos que estar unidos para podernos sostener”, dijo Ortiz mientras cosía una bota en el taller ubicado en la ciudadela de calles de tierra amarilla perfectamente delineadas.
Pero Montes sostiene que Agua Bonita es una semilla del país que debería ser Colombia para disminuir la pobreza del 30 por ciento, el desempleo cercano al 10 por ciento, y la falta de acceso a educación y salud de la mayoría de la población.
“Estamos queriendo construir una pequeña réplica de lo que debe ser una Colombia más justa, más equitativa y sobre todo más humana, donde la gente no muera de desnutrición, donde la gente tenga servicios básicos y tenga empleo”, dijo el líder del nuevo partido político.
Pastor Alape, uno de los máximos jefes de la FARC, rechazó el calificativo de modelo “comunista” o “socialista” de la ciudadela y dijo que sería estigmatizarlos por impulsar planes productivos colectivos, además de exponerlos a ataques.
Unos 5.000 militantes de la Unión Patriótica, un partido de izquierda que surgió de un fallido proceso de paz en la década de 1980, fueron asesinados por paramilitares de ultraderecha.
Para Joshua Mitrotti, director de la gubernamental Agencia para la Reincorporación y la Normalización, lo que están haciendo los antiguos combatientes es trabajar para producir dentro de la legalidad y buscar oportunidades en lugares en donde el Estado estuvo ausente por años.
“Hay todo un tejido productivo al cual estas zonas deben integrarse. Lo que se está haciendo acá es un buen principio y considero que con el apoyo del Estado central, con el apoyo de todos los sectores de la sociedad, estos ejemplos se pueden replicar exitosamente”, dijo por su parte Jean Arnault, jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
Reuters