Horas antes que el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentara su renuncia, el Consejo de Ministros autorizó la extradición del expresidente Alejandro Toledo, quien se encuentra en Estados Unidos desde hace más de un año.
La aprobación de la extradición fue por unanimidad, igual como fue aprobada por la Corte Suprema el pasado 13 de marzo, donde se declaró como procedente el cuadernillo de extradición contra Toledo Manrique de 71 años.
Tras la publicación de la resolución suprema, lo que sigue es la traducción al inglés del cuaderno de extradición para que pueda ser recibido por las autoridades estadounidenses.
La presentación formal de extradición la hace la Fiscalía de la Nación con el concurso de la cancillería. El cuadernillo será enviado a través de la embajada del Gobierno peruano en Washington DC a la oficina de Asesoría Jurídica de la Oficina de Aplicación de la Ley de Inteligencia del Departamento de Estado.
Toledo es procesado por el presunto soborno de $20 millones de dólares que recibió de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la licitación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica. El Ministerio Público le imputa los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.
El exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró a fiscales peruanos y brasileños que Toledo pidió en 2004 un soborno de $35 millones de dólares para adjudicarles la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur, una de las obras de infraestructura más grandes de su gestión.
De hacerse efectiva la extradición, Toledo se convertiría en el segundo expresidente en pasar por este proceso de extradición, que podría durar de seis meses a un año. En el caso de Alberto Fujimori, extraditado de Chile, demoró 22 meses.
Al momento de la aprobación de la orden de extradición por la Corte Suprema, el abogado de Toledo, Roberto Su presentó una apelación formal y catalogó la decision de la Corte Suprema como “errónea, inconstitucional, ilegal y arbitraria”.