El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, prófugo de la justicia de su país y asilado en Nicaragua desde 2016, admitió el lunes que trabaja como asesor del gobierno de Daniel Ortega.
Funes intercambió mensajes vía Twitter con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, exiliado en Costa Rica, quien aseguró que el exmandatario y su hijo, Diego Funes Cañas, trabajan como funcionarios del Ministerio del Exterior de Nicaragua y perciben sueldos equivalentes a unos 2.700 y 1.100 dólares mensuales, respectivamente.
“No veo por qué tanto escándalo con lo de mi consultoría en Managua. Primero, fui presidente y tengo la experticia necesaria para asesorar en temas de integración CA. Segundo, eso demuestra que me gano la vida honradamente y que no es cierto que el gobierno del FMLN me mantiene”, argumentó el exgobernante salvadoreño (2009-2014).
El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, criticó el lunes a través de Twitter la situación. “Ayer Funes defendía la idoneidad del cargo de su hijo (también prófugo de la justicia) en la Cancillería Nicaragüense. Ahora resulta que él también tiene un cargo ahí, con el doble de sueldo de su hijo”.
Cuando Funes, su pareja --Ada Mitchell Guzmán-- y dos de sus hijos llegaron a Nicaragua, en su país se desarrollaba un juicio civil por enriquecimiento ilícito y aún no se había emitido orden de captura en su contra.
Funes también es requerido por la justicia salvadoreña para ser procesado por lavado de dinero, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho, por su supuesta participación en los arreglos que hizo su gobierno para pagarle 108,5 millones de dólares a una empresa para la construcción de una presa hidroeléctrica. También está siendo procesado por divulgar un documento llamado Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), en el cual se revela el desvío de diez millones de dólares que el gobierno de Taiwán entregó al fallecido exmandatario Francisco Flores para ayudar a las víctimas de los terremotos de 2001.
Por esos procesos, los tribunales salvadoreños emitieron una alerta roja de búsqueda y detención contra el expresidente salvadoreño, pero la Interpol la ha negado en dos ocasiones.