Familias bolivianas rechazan el proyecto promulgado por la presidenta Yanine Añez de una ley de indemnización para las personas que sufrieron la perdida de un familiar en el reciente conflicto al considerar la iniciativa como un "chantaje".
La ley establece un pago de 50.000 bolivianos, poco menos de 7.200 dólares, para las personas que han perdido a seres queridos por la revuelta social que tomó el país desde el pasado 20 de octubre.
Entre las cláusulas está que, de aceptar la indemnización, no se les permitirá acudir a organismos internacionales si lo aceptan. Según registro oficiales, fallecieron 34 personas.
En medios locales, especifican que las familias piden una reunión con la presidenta ya que no están de acuerdo con ninguno de los cinco puntos establecidos en el decreto. Este lunes 9 de diciembre también se llevará un cabildo por parte de este sector para definir sus acuerdos.
Por su parte, en el cabildo realizado este sábado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) se determinó que Evo Morales será jefe de campaña del partido, además se dio un plazo de 72 horas a la Asamblea Legislativa para que apruebe la ley de garantías.
En este mismo cabildo también se mencionó iniciar un juicio a la presidente Añez y al ministro de gobierno Arturo Murillo por discriminación y delitos de lesa humanidad.
Los grupos llamados "Generación Pitita" y la "Resistencia" se presentarán también este lunes en Plaza Murillo exigiendo que no se promulgue la ley de garantías que beneficia a Evo Morales en primera instancia.